El Gobierno provincial aguarda notificaciones formales y definiciones judiciales, mientras el emprendimiento minero continúa sus operaciones por el corredor norte sanjuanino.
El Gobierno de San Juan adoptó una postura cautelosa frente al reclamo judicial impulsado por la provincia de La Rioja en relación al proyecto minero Vicuña. Fuentes oficiales indicaron que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación o comunicación formal sobre la medida, por lo que se limitan a seguir el tema a través de lo publicado en medios de comunicación.
La disputa se intensificó en los últimos días luego de que autoridades riojanas solicitaran una medida judicial para frenar la actividad del proyecto, argumentando la falta de un informe de impacto ambiental integral ante esa provincia. Un fallo judicial busca paralizar tareas y bloquear el uso de caminos en territorio riojano, específicamente el acceso al campamento Batidero a través de Guandacol.
Sin embargo, desde la empresa Vicuña Corp, vinculada al proyecto, negaron haber sido notificadas judicialmente. José Luis Morea, country manager de la firma, aseguró que las operaciones continúan con normalidad, ya que utilizan el denominado corredor norte, ubicado íntegramente en territorio sanjuanino.
Desde La Rioja sostienen que el proyecto, por su cercanía geográfica, podría generar impactos ambientales en su territorio y reclaman participar en la evaluación ambiental, además de beneficios económicos, empleo y participación de proveedores locales. En cambio, desde San Juan remarcan que el proyecto se desarrolla completamente dentro de su jurisdicción y que ya cuenta con declaraciones de impacto ambiental aprobadas en dos oportunidades.
El conflicto judicial llega en un momento estratégico para el proyecto Vicuña, mientras inversores internacionales analizan la decisión final para avanzar con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares. Especialistas del sector consideran que el camino judicial iniciado por La Rioja podría no prosperar, al no existir antecedentes recientes de que una provincia exija una evaluación ambiental sobre un proyecto ubicado íntegramente en otra jurisdicción.
Por ahora, el gobierno sanjuanino mantiene una postura expectante, evita escalar el conflicto político y aguarda definiciones judiciales concretas antes de responder formalmente.