José Peluc, legislador nacional por San Juan, se refirió al planteo del gobernador riojano Ricardo Quintela sobre la revisión de límites interprovinciales, considerando que se trata de un tema ya superado.
El diputado nacional por San Juan, José Peluc, se refirió al reclamo de soberanía impulsado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sobre territorios que históricamente pertenecen a la provincia de San Juan. En declaraciones a Canal 13 San Juan, el legislador señaló que se trata de un tema discutido hace más de 15 años y que no tendría posibilidad de éxito en el contexto actual.
Peluc vinculó la iniciativa del mandatario riojano con una búsqueda de protagonismo político. «Quintela trata de tener dos minutos de fama», afirmó, añadiendo que las declaraciones se realizan «sin un fundamento legal válido». Según el diputado, desde el gobierno provincial de San Juan se ha decidido no darle entidad al tema, manteniendo la postura de que la soberanía no debe ser puesta en duda periódicamente.
El legislador enfatizó que la estabilidad de los límites provinciales es fundamental para la seguridad jurídica. «Revivir al mismísimo Juan Jufré para que veamos este tema me parece una locura», expresó, en referencia al fundador de la provincia.
El trasfondo de la polémica radica en la intención del gobernador Quintela de que el Senado de la Nación revise los límites fijados en 1968 entre ambas provincias. El mandatario riojano sostiene que aquellos acuerdos fueron rubricados durante un gobierno de facto y, por lo tanto, carecen de legitimidad democrática.
El reclamo de La Rioja incluye la jurisdicción sobre el proyecto minero de cobre Josemaría y sobre el área de Ischigualasto, un sitio emblemático de San Juan reconocido internacionalmente por su valor científico y turístico. Recientemente, una medida judicial dictada por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, estableció la suspensión por 30 días de ciertas actividades vinculadas a Josemaría y restringió el uso de un acceso logístico clave desde territorio riojano, argumentando posibles riesgos ambientales.
De esta manera, el conflicto ha escalado a un nivel institucional y judicial que afecta directamente el desarrollo económico de la provincia de San Juan.