El fiscal federal Gerardo Pollicita incorporó al expediente la documentación que acredita el viaje familiar del Jefe de Gabinete durante las fiestas. Se investiga el financiamiento de los pasajes y otros gastos.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un nuevo dato. La Justicia confirmó, mediante documentación de la aerolínea Latam, que el funcionario viajó junto a su familia a Aruba para pasar las fiestas de fin de año.
El viaje se realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú. Según consta en la causa, los pasajes, con un costo de 1.450 dólares cada uno, fueron abonados en efectivo, lo que eleva el monto total del viaje familiar a unos 5.800 dólares. Inicialmente se indicó que los tickets eran de primera clase, pero fuentes del caso señalaron que la categoría más alta disponible para ese destino es premium economy, lo que coincide con el valor pagado.
El expediente también busca determinar en qué hotel se alojó la familia y cuánto dinero destinaron a la estadía. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para acceder al detalle de consumos con tarjetas y movimientos financieros durante el período bajo análisis.
La causa no se limita a este episodio. Los investigadores analizan más de 15 viajes realizados por el funcionario y su entorno desde diciembre de 2023, además de inversiones inmobiliarias y otros gastos relevantes. Entre ellos, figuran un viaje a Nueva York en el marco de un evento oficial y un vuelo en avión privado a Punta del Este junto a un empresario vinculado a la TV Pública.
Respecto al patrimonio, la Justicia avanza sobre operaciones inmobiliarias. Testigos que participaron en la venta de un departamento en Caballito declararon recientemente y señalaron a terceros como responsables de la gestión. El objetivo central del fiscal es determinar si el nivel de gastos, viajes y adquisiciones del funcionario resulta compatible con los ingresos declarados en su función pública.