El gobernador Marcelo Orrego expondrá de manera virtual ante una comisión del Congreso que analiza una reforma de la normativa, junto a una delegación de funcionarios provinciales.
En el marco del debate nacional sobre la Ley de Glaciares, San Juan tendrá una participación destacada. El gobernador Marcelo Orrego expondrá este martes, de manera virtual, ante la comisión del Congreso que analiza una posible reforma o aclaratoria de la normativa vigente. Así lo confirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien destacó la relevancia del encuentro.
«Vamos a estar llevando la voz de la provincia al Congreso, a estas comisiones», afirmó Perea, subrayando que se trata de un tema estratégico para San Juan. Según explicó el funcionario, la participación del mandatario provincial se dará en conjunto con otros referentes del país en materia minera, como el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.
La delegación sanjuanina estará integrada además por el propio Perea, el ministro de Producción Gustavo Fernández, quien ya participó como expositor el primer día de la audiencia pública, y el secretario de Gestión Ambiental, Roberto Moreno, quien aportará su conocimiento técnico en materia de glaciares. «Es bueno ese apoyo técnico absoluto en esa instancia», señaló. Moreno es geólogo especializado en glaciares, por lo que podrá aportar una mirada técnica y respuestas precisas ante posibles preguntas.
En cuanto a la postura de la provincia, el ministro fue claro: «Vamos a exponer respetuosamente nuestra posición», enfocada en el desarrollo de la actividad minera con sustento técnico y ambiental. Perea también resaltó el rol de San Juan en la materia, al asegurar que «somos la única provincia que tiene el inventario de glaciares actualizado y con nivel 3», además de contar con organismos estatales preparados y profesionales de alto nivel formados en la Universidad Nacional de San Juan.
Uno de los ejes centrales del planteo será la necesidad de avanzar en una aclaratoria de la ley. «Luego de 15 años de vigencia, hay suficientes antecedentes técnicos para considerar una mejora en su aplicación», y agregó que «qué mejor que las provincias, que entienden y comprenden su territorio, sean las encargadas de evaluar y tutelar estos intereses».
Finalmente, Perea subrayó que el objetivo de San Juan es «aclarar el objeto de protección para que se cumpla verdaderamente el objetivo, que es proteger las reservas estratégicas de agua», en línea con lo que establece la Constitución Nacional.