La salida de una de las principales autoridades del organismo regulador energético, ahora integrado en el ENRGE, abrió interrogantes sobre la continuidad de la audiencia pública que definirá la expansión de infraestructura eléctrica para proyectos mineros en San Juan.
La renuncia del ex titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hoy integrado dentro del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), generó interrogantes sobre el desarrollo de la audiencia pública prevista para esta semana. Dicha audiencia es considerada clave para el futuro energético de la minería en San Juan. La situación ocurre en el marco del proceso de reorganización institucional impulsado por el Gobierno nacional tras la unificación de los organismos reguladores de gas y electricidad.
La preocupación se centra en la audiencia convocada para analizar la ampliación de la infraestructura eléctrica vinculada a los grandes proyectos mineros que avanzan en la provincia, especialmente la expansión de la línea de alta tensión de 500 kV impulsada por la empresa Vicuña. La obra es considerada estratégica porque permitiría garantizar el abastecimiento energético de emprendimientos de cobre ubicados en la cordillera sanjuanina y demandaría inversiones cercanas a los 500 millones de dólares.
El proceso ya venía rodeado de tensiones luego de que distintos actores del sector energético y minero presentaran observaciones técnicas sobre la asignación de capacidad de transporte eléctrico y el uso prioritario de la futura infraestructura. Incluso, el EPRE de San Juan había formalizado objeciones regulatorias dentro del expediente que analiza el organismo nacional.
A esto se sumó que semanas atrás trascendió que las nuevas autoridades del ENRGE habían tomado licencia administrativa en la previa de la audiencia, situación que ya había despertado preocupación en sectores vinculados a la actividad minera por posibles demoras en definiciones consideradas fundamentales para el desarrollo de los proyectos. Ahora, con la salida de uno de los referentes del organismo, crecen las dudas sobre cómo continuará el proceso y quiénes quedarán a cargo de decisiones clave para el sistema eléctrico nacional.
La audiencia pública está prevista para debatir el acceso y la ampliación de la capacidad de transporte energético que demandarán los futuros desarrollos mineros de San Juan. El resultado de ese proceso podría definir el esquema de distribución eléctrica para algunos de los emprendimientos más importantes proyectados en la provincia durante las próximas décadas.