La defensa de una querellante apeló la decisión del juez Figuerola de remitir la causa al fuero federal. Mientras tanto, el juez Daniel Guillén revisará el rechazo de medidas cautelares.
La batalla judicial por el caso Global Market está lejos de terminar. Luego de que el juez de Garantías Rodolfo Figuerola se declarara incompetente y resolviera remitir la investigación al fuero federal, un sector de la querella apeló esa decisión y busca que la causa continúe en la Justicia provincial, donde se inició la pesquisa por la presunta estafa que ya rondaría los $4.000 millones.
La presentación fue impulsada por la abogada Vanesa Laciar y recibió la adhesión de otro abogado querellante que es el Dr. Fonzalida. El planteo apunta a revertir la resolución de Figuerola, al entender que se trata de una estafa de características comunes que debe investigarse en San Juan y no en la Justicia Federal.
Mientras tanto, ya fue sorteado el juez de Impugnación Daniel Guillén para intervenir en otro de los planteos impulsados por la querella: la apelación contra el rechazo de medidas cautelares que habían sido solicitadas durante la investigación. Entre ellas figuraban allanamientos, secuestro de celulares y pedidos de prisión preventiva para algunos de los acusados.
Si bien hasta el momento no se confirmó oficialmente quién revisará la declaración de incompetencia de Figuerola, desde el entorno de la querella entienden que, por una cuestión procesal, el planteo también debería terminar siendo analizado por un juez de Impugnación.
La discusión sobre qué fuero debe investigar el caso se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre los propios representantes de los damnificados. Mientras Laciar y Fonzalida sostienen que la Justicia provincial debe continuar al frente de la pesquisa y avanzar en la búsqueda del dinero desaparecido, otros querellantes tienen una postura diferente.
Entre ellos se encuentran los abogados Marcelo Arancibia y María Ángel Hernández, quienes consideran acertada la decisión de enviar el expediente al ámbito federal y entienden que allí existen mayores herramientas para seguir el rastro de los fondos y profundizar la investigación sobre las operaciones financieras denunciadas.
La causa tuvo un fuerte impacto en San Juan luego de que decenas de inversores denunciaran haber sido perjudicados por maniobras atribuidas a Global Market Valores S.A. y otras firmas vinculadas. De acuerdo con las distintas presentaciones judiciales, los damnificados habrían entregado importantes sumas de dinero bajo promesas de inversión y rendimientos que posteriormente no pudieron recuperar.
Los principales investigados son Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas. La hipótesis que comenzó a tomar fuerza durante la investigación sostiene que gran parte de los fondos aportados por los inversores habrían terminado en GMI Inversiones, una empresa minera vinculada a los propios acusados.
Uno de los episodios que precipitó el estallido del caso fue el intento de retiro de aproximadamente $2.000 millones por parte de la empresa constructora Armegom. Según se ventiló en las audiencias judiciales, al momento de intentar recuperar esos fondos se encontró con activos que resultaban difíciles o imposibles de liquidar, lo que terminó encendiendo las alarmas entre otros inversores.
Con el paso de las semanas, las estimaciones sobre el perjuicio económico fueron creciendo hasta ubicarse cerca de los $4.000 millones, aunque algunos de los abogados que intervienen en el expediente sostienen que el monto final podría ser incluso superior.
La postura de Laciar respecto de la competencia no es nueva. La letrada ya había presentado dos denuncias particulares vinculadas al caso por fuera del expediente principal, pero ambas fueron desestimadas. Según aseguró, desde la Justicia Federal le manifestaron que están aguardando la remisión de la causa principal para luego declararse incompetentes también en esos planteos, una situación que, a su entender, deja a los damnificados sin respuestas concretas.
«Esa es la preocupación de la gente. No hay allanamientos, no hay secuestro de celulares y no sabemos dónde están esos 4.000 millones de pesos», sostuvo la abogada al explicar los motivos de las impugnaciones.
En ese contexto, la expectativa está puesta en las próximas definiciones judiciales. Por un lado, Guillén deberá resolver el planteo vinculado a las medidas cautelares rechazadas. Por otro, resta conocer qué magistrado revisará la decisión de Figuerola de apartarse del caso y enviar la investigación al fuero federal, una resolución que podría marcar el rumbo definitivo de una de las causas por presunta estafa más resonantes de los últimos años en San Juan.