El juez Javier Figuerola se declaró incompetente y envió el expediente al fuero nacional. Se investiga un presunto desvío de fondos de ahorristas hacia una minera vinculada a los acusados.
La investigación por la presunta estafa de Global Market fue transferida a la Justicia Federal. El juez provincial Javier Figuerola se declaró incompetente y ordenó el envío del expediente al fuero nacional, al considerar que los hechos investigados podrían constituir delitos contra el sistema financiero del país, como lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
Según informó la fiscalía, los empresarios Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas captaban fondos de inversores de perfil conservador y los desviaban hacia GMI Inversiones, una empresa minera de su propiedad que, de acuerdo con la investigación, no registraba actividad real ni ingresos desde hacía años. El monto presuntamente desviado asciende a unos $4.000 millones.
El caso se destapó cuando grandes inversores, como la constructora Armegón, intentaron retirar sus fondos —cerca de $2.000 millones— y se encontraron con títulos que no podían ser vendidos en el mercado.
El abogado querellante, Marcelo Arancibia, cuestionó la demora judicial y solicitó que se investigue el paradero del dinero, ante el temor de que gran parte del capital sea irrecuperable. Por su parte, el defensor Carlos Rivadero sostuvo que no hubo dolo ni intencionalidad y que sus clientes están dispuestos a colaborar y buscar acuerdos para devolver los fondos.
Actualmente, los acusados continúan en libertad, aunque permanecen vigentes los embargos y la prohibición de salir del país.
El juez Figuerola fundamentó la incompetencia en que Global Market operaba bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la detección de operaciones bursátiles complejas, como los denominados ‘Pases No Garantizados’, lo que excede una estafa común entre particulares.