La firma de inversiones emitió un comunicado luego de que más de una decena de personas denunciaran no poder recuperar su dinero. La empresa atribuye la situación a una crisis de liquidez y a la paralización de una cantera en Valle Fértil.
Tras la presentación de más de una decena de denuncias y una fuerte repercusión mediática por una presunta maniobra que involucraría unos $2.800 millones, la firma Global Market Valores S.A. rompió el silencio. Desde la empresa enviaron un comunicado a algunos de los denunciantes, asegurando que todo se debió a “un problema de orden financiero”.
El pronunciamiento se conoció luego de que al menos 12 personas se presentaran en la Justicia, asegurando que no podían recuperar el dinero invertido y que la firma no respondía a sus consultas. Tras la exposición pública, la agencia de inversiones se contactó con los presuntos damnificados.
En el comunicado, Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. admitieron la existencia de obligaciones pendientes con inversores, aunque sostuvieron que atraviesan una crisis de liquidez y no una insolvencia definitiva. Detallaron que GMI Inversiones S.A. avanza en la firma de un acuerdo de reestructuración con una sociedad radicada en Barcelona, España. Según indicaron, ese convenio contempla un esquema de reorganización financiera, depósito accionario, control operativo y una eventual opción de adquisición, con el objetivo de preservar activos y reordenar la estructura empresarial.
Otro de los puntos centrales del descargo estuvo vinculado a la actividad minera de la firma. La empresa explicó que una cantera de cuarzo y feldespato ubicada en Valle Fértil permaneció paralizada durante 16 meses luego de un derrumbe ocurrido el 28 de diciembre de 2024, situación que impidió continuar con la extracción hasta obtener la aprobación del Informe de Impacto Ambiental. Según la versión empresarial, esa paralización provocó pérdidas superiores a US$1,5 millones, además del lucro cesante, afectando de manera directa la generación de recursos y agravando la situación financiera.
En el mismo texto, la firma buscó desligar de responsabilidades a los contadores Pamela Gutiérrez y Guillermo Soria. Señalaron que ambos integraban el área administrativa y actuaban bajo instrucciones de la gerencia, sin capacidad de decisión sobre el manejo operativo de las compañías. Además, revelaron que el pasado 5 de mayo realizaron una presentación espontánea ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde se pusieron a disposición de la fiscalía y solicitaron una audiencia para aportar documentación y ampliar su descargo.
El comunicado cierra con una defensa de la trayectoria empresarial, remarcando que ambas firmas llevan 18 años de actividad en San Juan y expresando su intención de continuar operando una vez superada la crisis.
Dentro de su descargo, GMI Inversiones S.A. vinculó parte de su crisis financiera con el derrumbe ocurrido el 28 de diciembre de 2024 en la cantera de cuarzo “El Jote”, en Valle Fértil. El accidente provocó el desprendimiento de grandes rocas mientras un grupo de operarios realizaba tareas de extracción y selección de material. Como consecuencia, tres trabajadores resultaron heridos, dos de ellos con lesiones de consideración. Uno de los operarios, identificado como Cristian Esteban Calivar, sufrió un fuerte impacto en la cadera y quedó atrapado entre las rocas, por lo que debió ser rescatado por sus compañeros y trasladado de urgencia al Hospital Rawson. El diagnóstico médico confirmó que presentaba traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos severos, mientras que otro trabajador, Arnaldo Quiroga Herrera, también sufrió lesiones. A raíz de ese hecho, la actividad extractiva quedó suspendida hasta la aprobación del Informe de Impacto Ambiental, lo que según la empresa afectó la generación de ingresos y profundizó el desequilibrio financiero.
Sin embargo, este derrumbe destapó otra situación irregular: años atrás las autoridades habían suspendido las actividades en el yacimiento debido a un hecho grave que derivó en el fallecimiento de un trabajador. La medida había sido impuesta en 2021 y estaba relacionada con el uso indebido de explosivos dentro del yacimiento, hecho que desencadenó una investigación judicial y sanciones para la empresa operadora.