El ministro Gustavo Fernández calificó como «desopilante» la resolución que restringe el acceso al yacimiento y puso en duda su competencia legal, al tiempo que señaló responsabilidades de la empresa a cargo.
El conflicto interprovincial por la actividad minera, centrado en el proyecto Josemaría, tuvo un nuevo desarrollo. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, se refirió a la medida judicial impulsada desde La Rioja que prohíbe el tránsito por el camino hacia el proyecto y ordena la paralización de tareas en la montaña.
Fernández calificó la iniciativa como «una idea desopilante» por parte del gobierno de La Rioja. En sus declaraciones, expresó su deseo de creer que «no hay sectores de la política sanjuanina motivando esto para poner palos en la rueda en el sector minero».
El funcionario señaló que la postura antiminera de La Rioja «no es nueva», pero indicó que «sorprende que se haya pasado de las palabras a hechos concretos como cortar caminos o realizar presentaciones judiciales».
En el plano legal, Fernández puso en duda la validez de la resolución, argumentando que «no está claro que un juez provincial de La Rioja tenga competencia sobre una actividad que se desarrolla íntegramente en San Juan». Esto deja abierta la posibilidad de futuras controversias judiciales.
Finalmente, el ministro también apuntó a responsabilidades de la empresa vinculada al proyecto. Subrayó que la demora en la construcción de un camino alternativo íntegramente en territorio sanjuanino «es una responsabilidad de la empresa», una situación que, según dijo, hacía previsible este tipo de conflictos.
