El fiscal Leonardo Villalba imputó a Abel Manzano, acusado de simular un robo para apropiarse de $13 millones destinados a obras de agua y cloacas. La justicia rechazó un intento de reparación y el imputado enfrenta restricciones mientras continúa la investigación.
La investigación por la desaparición de $13.000.000 de la Unión Vecinal Villa Elisa tomó un nuevo rumbo. El fiscal Leonardo Villalba imputó al presidente de la institución, Abel Manzano, sospechado de haber fingido un robo para quedarse con el dinero.
El Ministerio Público Fiscal cuenta con una prueba clave: las pericias determinaron que la caja fuerte no fue forzada, contradiciendo la versión inicial sobre un ingreso violento. Además, existen testimonios que ubican a Manzano en la sede en horarios inusuales antes de la supuesta desaparición de los fondos.
El dinero, compuesto por moneda nacional y dólares, provenía de subsidios y cuotas sociales destinados a obras críticas de agua potable y cloacas. Los investigadores también detectaron una compra de dólares no autorizada realizada por Manzano con dinero de la entidad días antes del hecho, una práctica prohibida por el estatuto de la Unión Vecinal.
En la audiencia de formalización, la Fiscalía informó que se analizan cámaras de seguridad de vecinos de la zona para reconstruir los movimientos del imputado. Ante la gravedad de los hechos, los socios de la entidad —que administra un servicio esencial como el agua potable en Pocito— se reunieron en una asamblea extraordinaria y decidieron remover a Manzano de su cargo.
La jueza Carolina Parra rechazó un intento de «reparación integral» mediante el cual el acusado pretendía devolver el dinero para cerrar la causa. Se dictaminó que Manzano continúe el proceso en libertad, pero con estrictas restricciones: prohibición de acercamiento a miembros de la comisión directiva, obligación de presentarse mensualmente en la Comisaría 7º e impedimento para salir de la provincia de San Juan sin autorización judicial.
El Ministerio Público Fiscal dispondrá de un plazo de 8 meses para completar la investigación preparatoria y determinar si el hecho fue una puesta en escena.