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La Legislatura provincial avanza en múltiples proyectos. Mientras se reconoce la complejidad para lograr un consenso en la reforma electoral, se aprobaron cambios en la Ley Policial y se informó sobre el programa de seguridad «Prisma» y la futura Ley de Desarrollo de Comunidades.
El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba reconoció que lograr un acuerdo unánime en torno a la reforma del sistema electoral en San Juan será una tarea compleja. Durante una actividad de comisiones, el legislador señaló que, si bien se empezará a trabajar a la brevedad para lograr una normativa «moderna y clara» para la ciudadanía, es «difícil de pronosticar» si el proyecto podrá ser sancionado antes de que finalice este 2026.
Por otro lado, hubo avances significativos en la modificación del artículo 48 de la Ley Policial. Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Justicia y Seguridad emitieron un despacho favorable para eliminar lo que consideraban una «doble sanción abusiva». Actualmente, los agentes sancionados sufrían la suspensión de tareas y, en simultáneo, la inhabilitación para realizar adicionales. La reforma busca que el personal no vea tan afectados sus ingresos y que la fuerza no pierda operatividad en momentos de necesidad.
En la misma jornada, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, informó sobre el programa provincial «Prisma». Este plan contempla la instalación de casillas de seguridad y cámaras de monitoreo en diversos departamentos, incluido 25 de Mayo. Según explicaron las autoridades, la reciente mejora en la conectividad de zonas alejadas permitirá finalmente la instalación de estos dispositivos para vigilancia en tiempo real.
Finalmente, se confirmó que está casi listo el borrador de la denominada Ley de Desarrollo de Comunidades (conocida como Ley de Proveedores Mineros). Tras rondas de diálogo entre los ministros Juan Pablo Perea (Minería) y Gustavo Fernández (Producción) con cámaras empresariales, el proyecto entraría a la Legislatura próximamente. El objetivo es que la normativa cuente con el aval de trabajadores, empresarios y operadoras mineras para garantizar un crecimiento económico coordinado en los departamentos donde se encuentran los yacimientos.