La aparición de mensajes amenazantes en establecimientos educativos de Mendoza llevó a la Dirección General de Escuelas a implementar un protocolo de acción provisorio mientras avanza en uno definitivo.
La aparición de mensajes amenazantes sobre presuntos tiroteos en baños de escuelas encendió las alarmas en Mendoza y otras regiones del país. Esta situación llevó a las autoridades educativas a actuar con rapidez. Ante la preocupación de familias y docentes, la Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha un protocolo provisorio para responder a este tipo de situaciones, mientras avanza en la elaboración de un esquema definitivo.
Uno de los casos que generó mayor repercusión ocurrió en la escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras. Allí, estudiantes detectaron una pintada con amenazas que se viralizó en grupos de WhatsApp, llegando a padres que reclamaron respuestas inmediatas. La falta de información clara inicial incrementó la tensión y derivó en una denuncia al 911.
Tras la intervención de la Policía Científica, se activaron mecanismos internos en la institución, como la toma de muestras de escritura entre los alumnos para intentar identificar al autor del mensaje. Este procedimiento generó cuestionamientos y ahora es materia de análisis: la DGE confirmó que investigará el accionar del director por posibles errores u omisiones en la gestión del caso.
Desde el organismo reconocieron que la situación expuso la falta de herramientas claras para abordar este tipo de amenazas. «Han habido errores y situaciones que podrían haberse resuelto de manera más expeditiva», admitieron autoridades educativas, al tiempo que remarcaron que se trató de un hecho fuera de lo habitual.
Ante este escenario, la DGE estableció una serie de pasos a seguir de forma inmediata ante la detección de amenazas. El objetivo es garantizar una respuesta coordinada que contemple tanto la seguridad como el abordaje emocional de la comunidad educativa.
En paralelo, se analiza la apertura de un sumario administrativo al director de la escuela de Las Heras. El proceso dependerá de una denuncia formal ante organismos como la Dirección de Nivel, la Defensoría del Docente o la Junta de Disciplina, que será la encargada de determinar eventuales sanciones. Además, las autoridades advirtieron que también podrían aplicarse medidas disciplinarias a los estudiantes responsables de las amenazas y a sus familias, en línea con políticas ya vigentes para casos de violencia escolar.
Las amenazas no son hechos aislados. Según indicaron desde la DGE, se trata de una tendencia que se replica en distintas provincias e incluso en países vecinos como Uruguay y Chile, muchas veces vinculada a desafíos virales en redes sociales.
En este contexto, el organismo educativo llevó tranquilidad y confirmó que las clases continúan con normalidad en Mendoza, desmintiendo versiones no oficiales que circularon en las últimas horas y que habían generado mayor incertidumbre. La situación, sin embargo, deja en evidencia un nuevo desafío para el sistema educativo: responder con rapidez, coordinación y contención ante episodios que impactan en la seguridad y la salud emocional de toda la comunidad escolar.
Con información de El Sol, Los Andes, El Medio.