La Fiscalía solicitó una pena de nueve años de prisión para un acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en un caso que involucró una extensa investigación digital y peritajes informáticos.
Un joven sanjuanino, identificado como Alejandro Nahuel Pérez Molina, comenzó a ser juzgado acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La causa, que reúne una importante cantidad de pruebas digitales, podría derivar en una condena de hasta nueve años de prisión efectiva.
Durante la audiencia, el fiscal Guillermo Heredia expuso cómo se logró identificar al imputado y reconstruir su actividad a partir de dispositivos electrónicos, cuentas digitales y registros de conexión. La investigación se apoyó en reportes de plataformas tecnológicas y datos técnicos como direcciones IP, correos electrónicos y movimientos en redes.
El trabajo incluyó la intervención de un equipo interdisciplinario coordinado por el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez. Peritos informáticos analizaron los dispositivos secuestrados, mientras que una traductora permitió incorporar reportes de empresas internacionales como Facebook, Instagram y Google. Además, participaron especialistas en medicina legal y equipos técnicos que elaboraron informes complementarios.
Datos aportados por organismos como Enacom y compañías de telecomunicaciones ayudaron a establecer conexiones, ubicaciones y actividad digital del acusado.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la cantidad de archivos detectados. Según la Fiscalía, en los dispositivos del imputado se hallaron 1.555 archivos multimedia, entre ellos 1.517 imágenes y 38 videos. El contenido corresponde a material de abuso sexual infantil y, de acuerdo con la investigación, parte de esos archivos habría sido distribuida a través de plataformas digitales.
Los peritajes permitieron establecer que al menos 15 archivos fueron compartidos: 13 mediante la plataforma MEGA y dos a través de Instagram, estos últimos detectados a partir de reportes internacionales que dieron origen a la causa. Para la acusación, la cantidad, organización y permanencia del material evidencian que no se trataba de una simple tenencia, sino de almacenamiento con fines de distribución.
El fiscal también mencionó que el imputado habría mantenido contacto con una menor de edad mediante redes sociales, en conversaciones de contenido sexual. Esa parte de la investigación fue remitida a la Justicia de Santa Fe, donde residiría la presunta víctima, por lo que se tramita en una causa paralela.
El acusado enfrenta cargos por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil agravado, contemplados en el artículo 128 del Código Penal bajo la figura de concurso real. La Fiscalía solicitó una pena de nueve años de prisión efectiva, considerando como agravantes la cantidad de archivos, la corta edad de las víctimas y la distribución comprobada del material.
Además, se destacó que Pérez Molina cuenta con un antecedente condenatorio por el mismo delito en 2022, lo que refuerza la acusación sobre su grado de responsabilidad. Durante el debate, la Fiscalía prevé presentar testimonios, pericias técnicas y documentación para sostener la acusación. La defensa del imputado está a cargo del abogado César Jofré.