Un juzgado de San Juan aprobó un convenio por el cual los imputados pagarán más de 524 millones de pesos a los afectados. El cumplimiento del plan de pagos podría derivar en el sobreseimiento de la causa.
La causa por la millonaria estafa de la firma Branka Motors tuvo un giro clave en San Juan. La jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, avaló un acuerdo mediante el cual los imputados deberán pagar 524 millones de pesos a 358 damnificados, en concepto de reparación integral.
El convenio fue presentado por los acusados, los hermanos Jonatan y Alexis Marcó junto a su socio Facundo Agustín Banega Suvire, y contempla que cada víctima reciba aproximadamente 1.400.000 pesos en cinco cuotas iguales. Fuentes judiciales indicaron que, si cumplen con el acuerdo, los imputados serán sobreseídos en la causa. El expediente está a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo la órbita del fiscal Guillermo Heredia.
El primer pago se realizará en un plazo de 15 días, marcando el inicio de un proceso que será clave para definir el futuro judicial de los acusados. La reparación económica aparece como una vía para cerrar un caso que generó fuerte impacto social en la provincia.
Sin embargo, no todos los afectados aceptaron la propuesta. Uno de los damnificados rechazó el acuerdo y continuará con su reclamo por la vía judicial, lo que deja abierta una arista dentro del expediente.
El caso tomó notoriedad pública en enero, cuando decenas de personas se manifestaron en el centro de San Juan denunciando haber sido estafadas por la concesionaria, que habría cobrado motocicletas que nunca fueron entregadas. Desde la investigación se reconstruyó que se trató de una maniobra que afectó a cientos de personas que habían invertido sus ahorros en la compra de un rodado.
En paralelo, intervino Defensa del Consumidor, que intentó una instancia de conciliación. Sin embargo, la empresa no se presentó a la audiencia y la negociación fracasó, lo que derivó en la aplicación de la multa máxima prevista por la normativa vigente.
Con el conflicto ya en la órbita penal, la audiencia reciente definió el rumbo del caso. La Justicia optó por priorizar la reparación a las víctimas por sobre la continuidad del proceso penal, una decisión que ahora queda sujeta al cumplimiento efectivo de los pagos.