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Un grupo de docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) presentó un anteproyecto de ley que busca reconocimiento laboral, salario fijo y un marco normativo dentro del sistema educativo provincial.
Las profesionales que se desempeñan como Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) en San Juan llevan adelante una campaña de recolección de firmas para respaldar un anteproyecto de ley que busca regular y formalizar la actividad. La iniciativa fue elaborada por Carla Villafañe, Valeria Albarracín y el exestudiante de Ciencias Políticas Carlos Bianchi.
Según informaron las docentes, el proyecto apunta al reconocimiento, la regulación, la recategorización y la jerarquización del rol de las DAI dentro del sistema educativo provincial. «Estamos en un limbo porque no tenemos un sustento legal ni un marco normativo que regule nuestra actividad. Lo que buscamos es formalizar nuestra labor y obtener un estatus dentro del ámbito educativo», explicaron.
Actualmente, las DAI dependen administrativamente del Ministerio de Salud a través de la Ley de Prestaciones de Apoyo a la Inclusión, donde figuran como prestadoras de servicios dentro de un nomenclador. Esta situación genera que no cuenten con salarios fijos ni con los derechos laborales que poseen otros profesionales del ámbito educativo y terapéutico.
«No tenemos un salario estable. Muchas veces surgen controversias con las familias porque dependemos de acuerdos económicos para poder trabajar. Además, debemos pagar monotributo para facturar nuestros servicios y recientemente ese costo volvió a incrementarse», señalaron las impulsoras.
Las docentes indicaron que, mientras psicólogos, psicopedagogos y acompañantes terapéuticos cuentan con marcos regulatorios y registros específicos, las DAI aún no poseen un reconocimiento formal dentro del Ministerio de Educación, pese a desempeñar una función en la inclusión escolar.
El anteproyecto toma como referencia el modelo educativo finlandés, basado en tres pilares: atención temprana, creación de un padrón oficial de docentes DAI dependiente del Ministerio de Educación, y el trabajo como pareja pedagógica junto a los docentes de aula para brindar respuestas inmediatas sin largos procesos burocráticos.
«Existe la idea equivocada de que simplemente nos sentamos al lado de un niño. En realidad, trabajamos articuladamente con docentes, directivos, gabinetes interdisciplinarios y profesionales externos. Participamos en reuniones, realizamos seguimientos y planificaciones, muchas veces fuera del horario escolar, tareas que actualmente no están reconocidas ni remuneradas», explicaron.
En cuanto al respaldo institucional, las docentes indicaron que todavía no han mantenido reuniones formales con legisladores provinciales, aunque destacaron que la propuesta ya comenzó a generar repercusiones. «Estamos abiertos al diálogo con representantes de cualquier espacio político. Esto no tiene banderas partidarias», afirmaron.
Las impulsoras señalaron que el año pasado se registraron cerca de 3.000 DAI en el Ministerio de Desarrollo Humano y que, sumando a quienes trabajan a través de Obra Social Provincia y otros sistemas, el número de profesionales vinculados a la actividad podría acercarse a las 10.000 personas.
Mientras esperan respuestas de las autoridades, continúan reuniendo adhesiones de manera presencial y online. Uno de los principales puntos de encuentro para la campaña será el Centro Cívico.
«Hoy no tenemos definiciones laborales, salarios fijos ni beneficios básicos. Queremos trabajar y que nuestra tarea sea reconocida por el Estado. Lo que está en juego no es solo nuestra situación laboral, sino también el derecho de muchos niños a recibir el apoyo que necesitan para permanecer y progresar dentro de la escuela», concluyeron.