La Casa Rosada sostiene que el acuerdo legislativo no obliga al presidente Javier Milei a firmar de inmediato el decreto de nombramiento de la magistrada.
Pese a que la Cámara de Senadores aprobó su pliego, en el Gobierno nacional consideran que la designación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata no será inmediata. En la Casa Rosada entienden que la aprobación parlamentaria constituye apenas una de las etapas del procedimiento y que la decisión final sigue dependiendo exclusivamente del presidente Javier Milei.
La postura oficial se apoya en el mecanismo previsto por la Constitución para cubrir vacantes judiciales. El proceso contempla la propuesta del Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado y, finalmente, la firma del decreto presidencial de nombramiento. Es precisamente este último paso el que el Gobierno mantiene bajo análisis y sin una fecha definida.
Fuentes oficiales señalan que Milei ya había intentado retirar el pliego antes de que la oposición impulsara su tratamiento en el recinto y consiguiera los votos necesarios para aprobarlo. Por ese motivo, en Balcarce 50 interpretan que el respaldo legislativo no implica una obligación automática para concretar la designación.
La situación derivó en una fuerte controversia política dentro y fuera del oficialismo. Incluso, cerca del Gobierno deslizan que la propia Michelli podría optar por desistir de su candidatura si la indefinición se prolonga y el expediente continúa siendo objeto de enfrentamientos políticos.
A ello se suma otro argumento que exponen desde el Ejecutivo: el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata todavía no se encuentra plenamente habilitado para funcionar. Aunque fue creado por ley, aún debe completar su integración y contar con la infraestructura, el personal y los recursos necesarios para operar de manera regular.
En esa línea se expresó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien relativizó el impacto institucional de la aprobación del pliego y defendió la postura del Gobierno.
“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará el decreto. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario.
Mahiques también recordó un antecedente personal para respaldar la facultad presidencial de retirar o postergar nombramientos judiciales. Según explicó, durante la gestión de Alberto Fernández fue retirado el pliego de su hermano cuando se encontraba avanzado el proceso para ocupar un cargo en la Justicia Federal.
Respecto del caso puntual de Michelli, insistió en que el tribunal para el cual fue propuesta aún no está operativo, por lo que su eventual designación no tendría efectos inmediatos en el funcionamiento del sistema judicial.
La aprobación del pliego se produjo durante una jornada compleja para el oficialismo en el Senado. Aunque inicialmente el tratamiento estaba previsto para la semana siguiente, la oposición logró adelantar el debate y consiguió que la postulación obtuviera luz verde con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.
Entre quienes se abstuvieron se encontró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien previamente había tomado distancia de la posición sostenida por el Gobierno respecto de la candidata.
La sesión estuvo atravesada por intensas negociaciones parlamentarias. El temario original contemplaba el tratamiento de medio centenar de pliegos judiciales, además de proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada y a un acuerdo financiero con acreedores externos.
Sin embargo, la incorporación de nuevos expedientes alteró el orden previsto y derivó en una discusión que se extendió durante varias horas. Finalmente, los senadores resolvieron votar en conjunto todos los pliegos con dictamen favorable, incluido el de Michelli, cuya candidatura había quedado bajo cuestionamiento por parte del Ejecutivo.
Al cierre de la sesión, los 74 pliegos judiciales sometidos a consideración fueron aprobados, mientras que otros proyectos fueron postergados para futuros debates.