La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan expresó su descontento tras la decisión de Vicuña de adjudicar un contrato de 52 millones de dólares a un consorcio liderado por PowerChina, dejando de lado propuestas nacionales.
La empresa Vicuña, operadora de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, adjudicó un contrato de 52 millones de dólares a un consorcio liderado por la firma PowerChina. La decisión generó malestar entre los proveedores mineros locales, quienes manifestaron su desacuerdo. La propuesta de la empresa nacional Modular Homes, que ascendía a 70 millones de dólares, no fue seleccionada, siendo la diferencia económica un factor determinante.
El presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy, declaró: “Nos ha dolido mucho. La mirada de CAPRIMSA es muy crítica. Se le dio RIGI, Ley de Glaciares, estamos esperando la ley de desarrollo de proveedores y nos pasa esto que es un sacudón”. Godoy afirmó que el sector empresarial local ha sido un aliado clave para la minería y que esta adjudicación se percibe como un retroceso.
Uno de los puntos de controversia es el origen de la fabricación de los módulos. Se estima que gran parte de las unidades serán construidas en China y trasladadas a San Juan para su montaje, lo que reduce la participación argentina a tareas logísticas y de instalación final. Godoy sostuvo: “¿Cómo es el estándar de calidad del ensamble y el armado chino para ensamblar y poner tornillos en San Juan? Hay una diferencia de precio, pero estamos hablando de un proyecto de 18 mil millones de dólares”.
Godoy también se refirió a la empresa adjudicataria: “PowerChina se ha ido mal de Salta, tenemos malas experiencias de socios con ellos. La empresa rosarina con la que se asociaron no la conoce nadie”. Según indicó, la firma china está buscando personal en otras provincias para radicarse en San Juan, en lugar de priorizar la mano de obra local. “Ya no hablamos de recursos humanos sanjuaninos, desvirtuamos todo el mensaje”, afirmó.
Desde Vicuña defendieron la transparencia del proceso, asegurando que la propuesta elegida fue la que mejor respondió a los requisitos técnicos, de seguridad y costos. Godoy señaló: “En San Juan no hay protección para los proveedores sanjuaninos. Lo que hace Vicuña no es ilegal, pero ¿por qué no lo hace más equitativo?”.
La polémica reaviva el pedido por la Ley de Desarrollo Minero, un compromiso que el gobierno provincial asumió en la apertura de sesiones en 2025. Godoy concluyó: “La licencia social se escribe día a día. Queremos que la Legislatura trate la ley de proveedores mineros porque sino nos quedamos en un mero discurso de criticar en pos de que las cosas se hagan bien”.