El abogado defensor Jorge Guillén aseguró que Daniel Gustavo Algarilla actuaba como disertante y no como responsable institucional de las capacitaciones investigadas.
En el marco del juicio oral que se desarrolla en San Juan contra Daniel Gustavo Algarilla, la defensa salió a marcar distancia de la teoría planteada por Fiscalía y aseguró que el acusado “no tiene responsabilidad alguna” en los hechos investigados.
El abogado defensor Jorge Guillén explicó que el debate ya atraviesa su segunda jornada y destacó que todavía restan numerosos testimonios antes de los alegatos finales.
“Hoy continuó la jornada y hay 17 testigos en total propuestos tanto por el Ministerio Público Fiscal como por esta defensa”, detalló.
Según indicó, debido al feriado la actividad judicial se redujo esta semana, aunque el juicio continuará en los próximos días y culminaría con los alegatos de clausura.
“La teoría de la defensa dista mucho”
Guillén remarcó que la postura de la defensa es completamente diferente a la sostenida por el Ministerio Público Fiscal.
“La teoría del caso de la defensa dista mucho de la desarrollada por el MPF”, afirmó el abogado.
En ese sentido, sostuvo que Algarilla únicamente participaba como disertante dentro de capacitaciones vinculadas al área de evisceración y morgue.
“Entendemos que mi defendido fue un disertante de una capacitación y, básicamente, el MPF entiende que no”, expresó.
El defensor aseguró además que durante la audiencia declaró un testigo que posee matrícula relacionada con esas capacitaciones, lo que —según la estrategia defensiva— respaldaría la existencia real de los cursos.
La defensa apuntó contra los institutos
Uno de los puntos centrales planteados por Guillén fue que, en caso de existir irregularidades, la responsabilidad no debería recaer sobre su defendido.
“Entendemos que Algarilla no tiene responsabilidad alguna”, insistió.
El abogado sostuvo que quienes debían responder por la validez institucional de las capacitaciones eran los responsables de los institutos mencionados en la causa.
“La responsabilidad debería haber sido del dueño o director de los institutos Christine y Eleva”, señaló.
Pedido de absolución
La defensa también confirmó que no hubo posibilidad de acuerdo con Fiscalía y que el caso avanzó a juicio tras varios meses de investigación.
“Llegamos a este juicio después de largos meses. La investigación comenzó entre enero y febrero de 2025”, indicó Guillén.
Mientras el fiscal Guillermo Heredia solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva, la defensa adelantó cuál será su postura final.
“Esta defensa va a solicitar la absolución de mi defendido”, concluyó el abogado.