La posibilidad de una reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional genera expectativas en el comercio local, aunque economistas advierten sobre las dificultades fiscales y políticas para concretarla.
La posibilidad de una reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional volvió a instalar expectativas en el sector comercial y productivo de San Juan, históricamente atravesado por una fuerte presión impositiva. Aunque el proyecto aún está en elaboración y no se conocen detalles definitivos, economistas coinciden en que una eventual baja o simplificación de impuestos podría mejorar la competitividad y aliviar costos, aunque advierten que el escenario para concretarlo es complejo.
El economista Luis Aveta sostuvo que el peso de los tributos en Argentina genera una diferencia importante frente a otros países de la región. “Cuando se saca la cuenta de cuánto es la cantidad de impuestos que se paga sobre utilidad, te da que por cada 60 pesos que ganás pagás 100 de impuestos”, señaló Aveta, al explicar que buena parte de esa presión se traslada al precio final de bienes y servicios.
La estructura tributaria argentina acumula impuestos nacionales, provinciales y municipales que terminan afectando la competitividad frente a economías como la de Chile. Entre los tributos más pesados aparecen el IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y contribuciones sociales. Aveta marcó que, más allá de una eventual reducción de los grandes impuestos, existe margen para revisar tributos menores que generan costos administrativos y burocráticos, pero tienen escaso peso recaudatorio. “Hay una serie de impuestos que lo único que causan son gastos en papeleo, pero no recaudan. Esos son los que hay que eliminar”, indicó.
Sin embargo, la viabilidad de una reforma de fondo encuentra un límite central: la dependencia fiscal de provincias y municipios. El economista Marcelo Alos puso el foco en ese punto y explicó que impuestos como el IVA o Ganancias representan una porción clave de los recursos coparticipables. “El IVA es uno de los principales impuestos de la recaudación nacional y el 90% se coparticipa. Aproximadamente el 40% queda en Nación y el resto se entrega a las provincias. Si lo bajan, se desfinancia el Estado y también las provincias”, explicó Alos, quien consideró difícil que gobernadores y legisladores provinciales acompañen una reducción fuerte de esos tributos.
El análisis también alcanza a otros gravámenes que podrían entrar en revisión, como los derechos de exportación y el impuesto al cheque, que no tienen el mismo nivel de impacto en la coparticipación y suelen ser señalados como distorsivos. En paralelo, una eventual baja de impuestos también abre interrogantes sobre su impacto real en el bolsillo: si bien la lógica económica marca que una reducción tributaria debería trasladarse a precios más bajos, los especialistas advierten que ese efecto no siempre es lineal y depende de múltiples variables del mercado.