El Gobierno de Córdoba oficializó una resolución que suspende el pago de haberes a funcionarios que no acrediten el narcotest obligatorio, abarcando desde el Gobernador hasta asesores de gabinete.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante la Resolución N° 61 publicada en el Boletín Oficial, estableció que los funcionarios públicos que no realicen el examen toxicológico obligatorio, conocido como narcotest, verán suspendido el pago de sus salarios. La medida busca profundizar las políticas de integridad institucional y lucha contra el narcotráfico.
Anteriormente, la realización del examen era considerada un gesto de ejemplaridad política, pero ahora se convierte en una obligación administrativa con consecuencias punitivas directas. La falta de presentación del certificado en los plazos estipulados impactará de inmediato en la remuneración de los representantes públicos, quienes retendrán sus haberes hasta que regularicen su situación.
La obligatoriedad alcanza al Gobernador, la Vicegobernadora, legisladores provinciales, miembros del Tribunal de Cuentas, ministros, secretarios, directores, subdirectores y asesores de gabinete. Todos deben someterse al análisis de forma anual.
La normativa se ampara en la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, que establece protocolos estrictos en caso de resultados positivos. Para altos cargos, un resultado positivo implica el cese de funciones; para otros agentes, se contemplan licencias o suspensiones temporales con asistencia del Ministerio de Salud provincial.
Los resultados de los exámenes son tratados como datos sensibles según la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, garantizando confidencialidad excepto para fines sancionatorios.