La organización ambientalista Greenpeace documentó desde el aire glaciares y ambiente periglacial en la provincia de San Juan, en sectores donde existen proyectos mineros en distintas etapas. Estas áreas están protegidas por la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. El relevamiento incluyó sobrevuelos y registro fotográfico en zonas de alta montaña. Según afirmaron desde la mencionada ONG las imágenes registradas muestran intervenciones visibles en áreas alcanzadas por la normativa vigente.
Durante el sobrevuelo se observaron aperturas de caminos, remoción de suelo y delimitaciones para futuras tareas exploratorias. Entre los puntos relevados se encuentra el glaciar de escombros G110, inventariado oficialmente y protegido por la legislación actual, que aparece en medio de operaciones vinculadas a la actividad minera. El material registrado evidencia la tensión existente entre el desarrollo extractivo y el marco normativo ambiental. Desde Greenpeace sostienen que estas acciones deberían evaluarse bajo el principio precautorio establecido en la ley.
Glaciares: peligrosas intervenciones mineras
Además del glaciar mencionado, el relevamiento también incluyó sectores que alimentan a los ríos San Juan y Jáchal, cursos de agua fundamentales para el abastecimiento humano y el desarrollo de economías regionales. Desde la organización remarcaron que «los sistemas hídricos nacen en estas áreas protegidas y sostienen a miles de personas aguas abajo y que el debate legislativo no es abstracto, sino que involucra territorios concretos y fuentes reales de agua dulce».
“Lo que esta reforma plantea, en los hechos, es invertir el principio básico del derecho ambiental. En lugar de exigir que los proyectos se ajusten a la normativa vigente, se buscaría modificar el alcance de la ley para adecuarla a emprendimientos ya avanzados en zonas sensibles», señaló Agostina Rossi Serra, especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Por último, Greenpeace planteó que cualquier modificación normativa debería priorizar la seguridad hídrica y el cumplimiento estricto del marco ambiental vigente. «La discusión, que podría llegar al Congreso, definirá si se mantiene un límite claro para la protección de glaciares y ambiente periglacial o si se avanza hacia un esquema más flexible. La decisión tendrá implicancias directas sobre la gestión de recursos estratégicos en un contexto de crisis climática y de la creciente demanda de agua«, concluyeron los especialistas.
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