miércoles, 24 abril, 2024
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La Aduana denunció una presunta operación fraudulenta para fugar divisas

Los agentes de la Aduana analizaron los giros que realiz la empresa dLocal Argentina SA Foto Archivo

Los agentes de la Aduana analizaron los giros que realizó la empresa dLocal Argentina S.A. / Foto: Archivo.

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció una presunta operación fraudulenta de una firma que ofrecía supuestos servicios educativos mediante la cual buscó acceder a dólares oficiales para luego fugarlos del país, informó el organismo a través de un comunicado.

Los agentes de la Aduana analizaron los giros que realizó la empresa dLocal Argentina S.A. durante 2022, y detectó pagos de personas que nunca contrataron los servicios de esta firma, la cual se presentaba como una institución educativa.

Los agentes aduaneros analizaron 9.304 operaciones de cobro en la Argentina por $ 395 millones Estas operaciones incluso aparecían a nombre de individuos que habían fallecido con anterioridad a la fecha de las mismas.

dLocal es una startup financiera uruguaya, el primer unicornio de ese país, que actúa como agente de pago en países emergentes de plataformas radicadas en el exterior como Netflix, Spotify, Shopify, Uber y Prime Video.

La maniobra

El objetivo de la supuesta empresa educativa era adquirir dólares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos, simulando la venta de servicios que nunca fueron prestados y que se sostuvieron mediante el uso de una base de datos “con particularidades que hacen presumir su falta de licitud”, según la aduana.

Esto se suma a una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, donde se investigan maniobras de defraudación contra la administración pública por parte de dLocal.

Sólo en 2022, la empresa procesó US$ 10.600 millones en pagos en más de 40 países, según señala en su página web oficial.

La empresa, que cotiza en Nueva York en el índice Nasdaq, viene siendo investigada, además de la Aduana, por el Banco Central, la Secretaría de Comercio, AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) por sus maniobras en el mercado cambiario.

Como parte de la investigacin se allanaron los domicilios de los supuestos dueos de Academiland Foto Archivo

Como parte de la investigación se allanaron los domicilios de los supuestos dueños de Academiland / Foto: Archivo.

Defraudación y estafa

Según la Aduana, la firma afirmó que operó en Argentina para Academiland LLC, una empresa con sede en el Estado de Delaware, en Estados Unidos, que se dedicaría a brindar servicios educativos a través de una plataforma “e-learning” sin intervención humana.

Dichos servicios –señaló dLocal al organismo- los brindaba en la página beiuinstitute.com, la cual actualmente no está en funcionamiento.

Los agentes aduaneros analizaron 9.304 operaciones de cobro que realizó Academiland en la Argentina por $ 395 millones.

Se detectaron pagos a personas cuya fecha de fallecimiento era anterior a la de la presunta contratación del servicio Tomando una muestra de 800 usuarios, analizaron los datos de los individuos que habían abonado los servicios y se los contactó a través de una circular para corroborar la información presentada.

No obstante, todos respondieron que nunca adquirieron bienes o servicios de Academiland LLC o de Be U Institute, y 20 de ellos se trataban de sucesiones, cuya fecha de fallecimiento era anterior a la de la presunta contratación del servicio.

La Aduana señaló incluso que, entre los supuestos alumnos, aparecen empleados del propio organismo, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicación.

Ante la irregularidad, el área allanó los domicilios de los supuestos dueños de Academiland secuestrando documentación y equipamiento informático, y presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de Ramiro González.

La denuncia está dirigida a los supuestos dueños de la empresa por “acceder en forma ilegítima a un banco de datos personales, por defraudación a la administración pública y por lavado de activo”.

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