A través de una carta abierta, víctimas y abogados querellantes solicitaron al fiscal general acciones urgentes para preservar evidencia y rastrear el destino de los fondos denunciados como desaparecidos en la causa que investiga a Global Market Valores S.A.
Un grupo de damnificados y representantes legales de las víctimas del caso Global Market Valores S.A. difundió una carta abierta dirigida al fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorri. En el documento, expresaron su preocupación por el estado de la investigación y solicitaron una intervención institucional para impulsar medidas urgentes.
Los firmantes cuestionaron la falta de medidas probatorias en la causa que investiga la presunta megaestafa. Según señalaron, transcurrieron cerca de dos meses desde la presentación de las denuncias sin que se hayan realizado acciones que consideran esenciales para preservar evidencia, como el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, documentación contable o registros informáticos. Tampoco se habrían realizado allanamientos destinados a asegurar evidencia digital.
“La sociedad sanjuanina necesita saber que el Ministerio Público Fiscal agotará todas las herramientas legales disponibles para determinar responsabilidades, recuperar activos y proteger a las víctimas”, sostiene el documento. La principal preocupación gira en torno al destino del dinero aportado por los inversores y la identidad de los beneficiarios finales de esos fondos.
La carta fue redactada por los representados por las abogadas Vanesa Laciar y María Ángel Hernández, esta última también afectada por la presunta estafa.
El reclamo se suma a críticas previas. Días antes, el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazó un recurso vinculado a medidas cautelares solicitadas por las víctimas sin esperar la audiencia programada. A raíz de esa resolución, los abogados advirtieron que la causa corría el riesgo de convertirse en “el crimen perfecto” debido a la ausencia de medidas para rastrear los cerca de 4.000 millones de pesos denunciados como desaparecidos.
Otro punto mencionado en la carta es la disputa sobre qué fuero debe investigar el caso. Los firmantes sostienen que, independientemente de si la causa termina en la justicia provincial o federal, existen medidas urgentes que deberían haberse tomado para resguardar pruebas fundamentales. “Mientras no esté firme la determinación sobre la competencia, es responsabilidad de la justicia provincial adoptar las medidas necesarias e impostergables para preservar evidencia”, remarcaron.
En el tramo final del documento, los damnificados afirmaron: “No reclamamos privilegios ni condenas anticipadas. Reclamamos únicamente una investigación eficaz, seria, profunda y diligente”.