El proyecto del Ejecutivo fija metas del 80% de mano de obra para potenciar el empleo local.
El ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de “Ley para el Desarrollo Local Minero” generó reacción en el departamento del norte sanjuanino. Horas más tarde de esta novedad, en conversación con Compacto Trece, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia, Gabriel Paredes, expresó el firme apoyo del sector a esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo provincial, destacando que era una herramienta largamente esperada por las pequeñas y medianas empresas de la región para competir en igualdad de condiciones ante el inminente boom de la actividad.
En declaraciones a Canal 13 San Juan, Paredes se mostró entusiasmado por el inicio del camino legislativo de la norma y manifestó taxativamente: «Necesitábamos esta normativa para estar respaldados». El dirigente empresario iglesiano remarcó que el texto legal les otorgará un marco de previsión inédito tras dos décadas de explotación metalífera en la provincia, permitiendo asegurar que los beneficios económicos de los grandes emprendimientos impacten de manera directa y sustentable en los departamentos donde se localizan los yacimientos.
Uno de los puntos más valorados por la cámara empresaria norteña es la incorporación del asociativismo como estrategia de crecimiento. Paredes explicó que, para satisfacer las elevadas exigencias de los proyectos de escala internacional, los proveedores locales vienen impulsando alianzas estratégicas. «Trabajamos en una cláusula de asociativismo para cubrir necesidades tecnológicas y de desarrollo», señaló el titular de la entidad, detallando que esta herramienta facilitará la vinculación entre grandes corporaciones y pequeños emprendedores de Iglesia que poseen la capacidad operativa pero requieren soporte técnico o financiero.
El malestar en el sector de prestadores de servicios locales se había agudizado recientemente a raíz de controversias como el caso del proyecto Vicuña, que adjudicó obras clave a consorcios ajenos a la provincia. Ante este escenario, la normativa diseñada por los ministerios de Minería y de la Producción busca actuar como un blindaje. El proyecto contempla la creación del Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN) y establece rigurosos mecanismos de auditoría para garantizar la transparencia en las contrataciones de las firmas operadoras.
Finalmente, desde la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia recalcaron la urgencia de que el cuerpo legislativo le otorgue un tratamiento ágil en comisiones para lograr una pronta aprobación. Ante las proyecciones de inversión que motoriza el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), los proveedores iglesianos confían en que la ley se convierta en la llave definitiva para transformar el mineral en trabajo registrado y desarrollo comunitario genuino para los habitantes de la zona.