El Gobierno de San Juan finalizó las últimas revisiones del proyecto y solo resta la firma del gobernador Marcelo Orrego para enviarlo a la Cámara de Diputados. La iniciativa propone incentivos fiscales para promover la contratación local y potenciar la participación sanjuanina en los grandes proyectos mineros.
El Gobierno de San Juan finalizó las últimas revisiones del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero y solo resta la firma del gobernador Marcelo Orrego para enviarlo a la Cámara de Diputados. La iniciativa propone incentivos fiscales para promover la contratación local y potenciar la participación sanjuanina en los grandes proyectos mineros.
Después de meses de discusión dentro del sector minero y empresarial, el proyecto atravesó las últimas revisiones dentro del Ejecutivo provincial y se encuentra a la firma del gobernador para ser remitido a la Cámara de Diputados. La expectativa es que la iniciativa pueda ingresar a la Legislatura en los próximos días.
La norma apunta a fortalecer la participación de empresas, servicios y trabajadores sanjuaninos en los grandes emprendimientos mineros que avanzan en la provincia, especialmente ante la llegada de inversiones vinculadas al cobre.
Cómo funcionará el sistema
Uno de los puntos centrales del proyecto es que no establece porcentajes obligatorios ni cupos de contratación local para las compañías mineras. Según explicaron desde el Gobierno, la provincia no puede imponer por ley que una empresa privada contrate una cantidad determinada de proveedores o trabajadores sanjuaninos. Por ese motivo, la estrategia elegida fue generar incentivos en lugar de obligaciones.
La propuesta contempla beneficios fiscales para aquellas empresas mineras que demuestren mayores niveles de contratación local y para los proveedores sanjuaninos que logren incorporarse a la cadena de valor de la actividad. En términos prácticos, quienes participen del esquema podrían acceder a reducciones vinculadas al impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La discusión sobre el impacto de la minería en la economía sanjuanina se profundizó en los últimos años a medida que avanzaron proyectos de escala mundial en la cordillera. Uno de los principales reclamos de cámaras empresarias, industriales y proveedores ha sido lograr una mayor participación de las firmas locales en las obras y servicios que demandan los emprendimientos mineros.
En ese contexto, la Ley de Desarrollo Local Minero aparece como una herramienta destinada a incentivar la contratación de bienes y servicios provinciales sin afectar la libertad de contratación de las empresas.
El antecedente de Vicuña
La inminente llegada del proyecto a Diputados coincide con una polémica reciente. La empresa Vicuña adjudicó a un consorcio integrado por compañías chinas y una firma santafesina la construcción de una nueva etapa del campamento Batidero, una obra valuada en más de 50 millones de dólares. El proyecto contempla la incorporación de unas 2.500 camas para trabajadores que participarán del desarrollo minero en la cordillera sanjuanina.
La decisión generó cuestionamientos de sectores productivos locales, que consideraron que una inversión de semejante magnitud podría haber generado empleo y actividad económica para empresas de la provincia. Si bien la compañía actuó dentro de sus facultades y tiene libertad para elegir a sus contratistas, el episodio volvió a poner sobre la mesa la necesidad de generar mecanismos que fortalezcan la competitividad de los proveedores sanjuaninos.
Con la revisión técnica ya concluida y el aval de los ministerios involucrados en su elaboración, el proyecto quedó a un paso de iniciar su tratamiento legislativo. La Ley de Desarrollo Local Minero ingresa ahora en una instancia clave, donde diputados y distintos sectores económicos comenzarán a discutir el alcance de una norma que busca transformar el vínculo entre la minería y la economía provincial.