La Corporación Vitivinícola Argentina acudió a la Justicia para restablecer el aporte obligatorio eliminado por Nación. El Gobierno provincial, cámaras bodegueras y viñateros sanjuaninos respaldaron la medida nacional y se opusieron al regreso del esquema compulsivo.
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) presentó un amparo ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que eliminó el cobro obligatorio que las bodegas debían afrontar para sostener económicamente a la entidad. La acción judicial generó una reacción unificada en San Juan, donde el Gobierno provincial, productores y cámaras empresarias expresaron su rechazo al retorno del esquema compulsivo.
El juzgado mendocino rechazó habilitar la vía rápida solicitada por la COVIAR y otorgó al Estado nacional un plazo de tres días para responder sobre la legitimidad de la resolución. La definición sobre la medida cautelar quedó en suspenso.
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan ratificó su respaldo a la eliminación del aporte obligatorio. “El Ministerio ratifica su postura en favor de la voluntariedad de estos aportes y acompaña lo dispuesto por el Gobierno Nacional”, señaló la cartera provincial. El Ejecutivo sanjuanino sostuvo que el sostenimiento del sector vitivinícola debe basarse en “la adhesión voluntaria y nunca bajo el cobro compulsivo de aportaciones para sostener entidades privadas”.
Desde el sector privado, Antonio Giménez, presidente de CACEX, afirmó: “Nuestra Cámara siempre estuvo en contra del aporte compulsivo y obligatorio”. Mauricio Colomé, titular de la Cámara Bodeguera de San Juan, reiteró la oposición histórica del sector al financiamiento obligatorio.
La Mesa Vitícola calificó la eliminación del aporte como “un alivio fiscal directo e inmediato” y advirtió que volver atrás significaría “un duro golpe para el sector vitícola”. También cuestionó la continuidad de un esquema basado en el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), que originalmente debía finalizar en 2020.
Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros, declaró que nunca existió una rendición clara sobre los fondos administrados y señaló que “el consumo per cápita de vino cayó de 30 a 14 litros y las exportaciones están lejos de los objetivos planteados originalmente”. Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes, definió la eliminación del aporte como “el fin de un esquema que fracasó en todos sus objetivos”.