Alberto Héctor Poblete, de 66 años, acordó una suspensión de juicio a prueba por un año luego de que la Policía detectara presuntas habilitaciones falsas durante un operativo de control.
Un operativo de control en un boliche de Caucete derivó en una causa judicial luego de que la Policía detectara documentación presuntamente apócrifa presentada por el propietario del local nocturno. El empresario Alberto Héctor Poblete, de 66 años, quedó imputado por el presunto uso de documentación pública falsa, pero evitó llegar a juicio oral tras acceder a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.
La resolución fue acordada entre la Fiscalía y la defensa en una causa encabezada por la fiscal Yanina Galante y la ayudante fiscal Lucía Escudero. Como parte de las condiciones impuestas por la Justicia, Poblete deberá realizar una reparación simbólica de $200.000 destinada a Fundamé, cumplir 20 horas de trabajo comunitario en la Municipalidad de Caucete y respetar reglas de conducta durante el período fijado.
El operativo que destapó la maniobra ocurrió durante la madrugada del pasado 24 de mayo, cerca de las 2:30, cuando efectivos de la Policía de San Juan realizaban controles de rutina en distintos locales bailables del departamento Caucete. Al llegar al boliche, los uniformados solicitaron la documentación correspondiente para verificar las habilitaciones del lugar. Según fuentes judiciales, los efectivos advirtieron irregularidades en los papeles exhibidos por el empresario, que presentaban signos de falsificación, especialmente en certificados y habilitaciones vinculadas a Planeamiento Provincial.
Tras detectar las inconsistencias, la Policía procedió al secuestro de toda la documentación sospechosa y a la aprehensión inmediata de Poblete. El empresario fue trasladado posteriormente a la Comisaría 37.ª, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Debido a problemas de salud y por recomendación del médico legista, el fiscal de turno, Fernando Bonomo, dispuso que Poblete permaneciera bajo prisión preventiva domiciliaria hasta la audiencia judicial.
Finalmente, durante esa instancia, las partes acordaron la probation, una herramienta legal que permite suspender el proceso penal bajo ciertas condiciones y evitar así una condena efectiva si se cumplen las reglas impuestas. Ahora, el empresario deberá cumplir con todas las medidas impuestas por la Justicia para mantener el beneficio y evitar que la causa avance hacia un juicio oral.