La Fiscalía Penal N° 4 de Chaco formalizó la prisión preventiva para Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercicio ilegal de la medicina y homicidio de un paciente de 63 años. Se investigan otros fallecimientos y amputaciones.
La Fiscalía Penal N° 4 de Chaco dictó este miércoles la prisión preventiva para Lidia Mabel Ojeda, acusada de usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio. La medida fue notificada dentro del plazo de 10 días hábiles establecido por el Código Procesal Penal chaqueño, según informaron fuentes judiciales.
Ojeda, de 43 años, había sido contratada para realizar guardias activas en el Hospital Emilio F. Rodríguez de la localidad de Quitilipi entre agosto de 2024 y abril de 2026. Durante ese período, atendió a más de 1.200 personas utilizando una matrícula ajena y firmó certificados de defunción oficiales.
La investigación se inició a mediados de abril tras una denuncia penal presentada por el director de la Zona Sanitaria, Orlando Di Núbila, por presunta falsificación de títulos. En declaraciones periodísticas, Di Núbila afirmó: “Fue contratada para la guardia, pero el resto del personal se dio cuenta rápidamente de que le faltaba mucha capacitación técnica”.
El expediente penal incluye testimonios de familiares que describen un patrón de atención deficiente ante cuadros clínicos graves. Según las denuncias, la imputada solía responder con frases como “Es normal, ya se te va a pasar”, “Tomate un paracetamol” o “Esto iba a pasar”.
La Fiscalía avanza en paralelo sobre otras causas conexas. Se investiga el deceso de una paciente de 74 años que falleció horas después de recibir atención médica directa de Ojeda. También se le atribuye mala praxis en el caso de Franco Escobar, un joven de 26 años que sufrió la amputación de una pierna debido a una infección mal tratada y permanece internado en estado crítico en el Hospital Perrando.
Los abogados defensores de Ojeda, César López y Felipe Fontanetto, solicitaron que su clienta transite el proceso en libertad o bajo arresto domiciliario, argumentando arraigo familiar por tener cinco hijos y tres nietos a cargo. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que la acusada se fugó de su residencia habitual al tomar estado público el caso. La Policía Federal la detuvo en una vivienda de la localidad bonaerense de Santos Lugares, partido de Tres de Febrero.