Documentos secuestrados muestran coincidencias exactas entre liquidaciones de la agencia y fondos paralelos, con retornos del 12% al 20%.
La causa penal por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas evidencias materiales. Según informó Argentina Informa, el cruce de datos informáticos ejecutado por la Justicia Federal determinó que la estructura investigada operaba mediante un esquema de cartelización y pagos ilegales fijos que alcanzaban la quinta parte del valor total de cada contratación de insumos médicos básicos, como prótesis, andadores y sillas de ruedas.
La acusación, impulsada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, se sustenta en la equivalencia matemática exacta entre los desembolsos del organismo estatal y los documentos internos secuestrados a Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario financiero clave. Las pericias revelaron que Calvete recibía información privilegiada sobre el estado de las liquidaciones oficiales por parte de funcionarios de la ANDIS, entre ellos Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud. En un mensaje incorporado al expediente, Garbellini le anticipó a Calvete una planilla con el detalle de diez empresas contratistas bajo la frase: “Sus ofrendas de esta semana”. Ese mismo día, el organismo liberó 16 certificados de pago que sumaban exactamente los 2.021 millones de pesos consignados en dicho texto.
Los cobros quedaron documentados en dispositivos electrónicos de los imputados. En un intercambio con la firma «Artrobone Ortopedia S.A.», la Justicia detectó que, tras emitirse dos pagos estatales por 33 millones de pesos, la titular de la empresa remitió a Calvete un desglose donde se asignaban 6,6 millones de pesos bajo el ítem “Miguel”, cifra que representa el 20% de la operación. Idéntica operatoria se constató con «Expo Trauma S.A.» en una transacción de sillas de ruedas por 115 millones de pesos, donde los archivos consignaban el recordatorio: “Miguel 20% ($23.000.000)”. Las licitaciones eran procesadas bajo un sistema informático propio denominado Siipfis, eludiendo su publicación obligatoria en la plataforma nacional Compr.Ar.
La dimensión económica del fraude se complementa con sobreprecios que, según auditorías internas del Ministerio de Salud, alcanzaron hasta un 4.239%, como ocurrió con facturas emitidas por «Ortopedia Bernat». Los retornos eran enmascarados mediante la emisión de facturas cruzadas por servicios inexistentes, como el reacondicionamiento de camas ortopédicas, emitidas por la sociedad «Indecomm», vinculada a Calvete. Las defensas de los 49 imputados, incluidos representantes del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo, apuestan a solicitar la nulidad de los allanamientos y las escuchas telefónicas, mientras la acumulación de constancias documentales y bancarias consolida la hipótesis de un desvío de fondos públicos.