La ministra de Gobierno evitó dar una fecha concreta para que la norma entre en vigencia; igualmente, dio precisiones sobre los modelos de autos que podrán prestar el servicio de transporte.
El 11 de diciembre del 2025 la Legislatura provincial sancionó por mayoría la nueva Ley de Tránsito de San Juan. A más de cinco meses de su sanción, la norma aún no entra en vigencia; la ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que aún están en la etapa de reglamentación.
En rueda de prensa, Palma explicó que “la reglamentación es un trabajo que estamos realizando” y agregó que el proyecto de ley llevó su tiempo porque modifica el sistema de transporte en la provincia de San Juan.
La ministra explicó que en el decreto reglamentario hay que pulir cómo va a ser la práctica, sobre todo para la persona que quiera realizar un servicio de transporte: la inscripción.
“Estamos trabajando mucho para poder llegar con la ley en las próximas semanas; creo que es un trabajo que está muy cercano a poder finalizar”, aseveró la ministra, aunque prefirió no dar una fecha concreta.
Ante la pregunta de si se cambia el requisito de la antigüedad del modelo de auto para poder prestar el servicio de transporte público, Palma dijo que ese es un tema que no ha sufrido variaciones, por lo que los autos que se ofrezcan para transportar personas podrán tener una antigüedad máxima de hasta 10 años, tal como venía ocurriendo con la legislación anterior.
Sobre la Ley
La ley de transporte fue sancionada con 20 votos a favor y 16 en contra. Uno de los principales cambios es la utilización de un registro libre para las personas que deseen prestar el servicio de transporte público, que podrán hacerlo sin tener que pagar por una licencia.
La nueva ley deja de lado el sistema de licencias para pasar a un sistema de registro en el que podrán inscribirse aquellos que cumplan con los requisitos que marca la ley.
Si bien el ingreso a este registro es libre, los prestadores deben ser profesionales con licencia y los autos deben cumplir requisitos estrictos de antigüedad, tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y contar con un seguro específico para el transporte de personas.
A esto se suma que la ley fija un marco legal a las plataformas tecnológicas como Uber o Didi, las define como servicios de intermediación o contacto y establece que la habilitación de los vehículos y choferes debe ser pública para que el usuario pueda verificarla antes de viajar.