La viralización de grabaciones atribuidas al presidente derivó en una denuncia penal en Comodoro Py. La causa apunta a determinar si hubo espionaje o vulneración de protocolos oficiales.
El escenario político nacional quedó sacudido este jueves tras la difusión de una serie de supuestos audios íntimos atribuidos al presidente Javier Milei, material que rápidamente escaló desde el terreno de la exposición mediática hacia una investigación judicial con implicancias institucionales.
La denuncia fue presentada por el periodista Santiago Cúneo y quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo. El planteo sostiene que la filtración podría constituir un hecho de gravedad nacional si se comprueba que existió acceso ilegal a conversaciones privadas vinculadas al entorno presidencial o a información sensible sobre la custodia del jefe de Estado.
El eje de la presentación judicial gira en torno a uno de los fragmentos difundidos, donde la mujer identificada como Rosemary Maturana habría consultado detalles relacionados con los movimientos y protocolos de seguridad del mandatario durante un viaje oficial al exterior.
En otro tramo de la charla que trascendió, el diálogo se vuelve más íntimo y adopta lenguaje sexual explícito. Este contenido dominó durante horas la conversación digital y colocó nuevamente bajo el foco a Rosemary Maturana, asesora de imagen cercana al universo libertario desde los inicios de la carrera política de Milei.
Según trascendidos, Maturana habría mantenido una relación de extrema confianza con el mandatario y participado activamente en aspectos vinculados a su imagen pública, particularmente en la construcción estética del perfil “rockero” que caracterizó al líder libertario durante la campaña presidencial. Aunque nunca ocupó un cargo formal dentro del Estado, su figura aparece mencionada de manera recurrente en el círculo cercano al oficialismo.
La investigación judicial ahora busca establecer el origen de las grabaciones, cómo fueron obtenidas y quiénes podrían haberse beneficiado con su difusión. En los tribunales federales no descartan hipótesis vinculadas a maniobras de espionaje o inteligencia ilegal.
Desde el entorno presidencial optaron por el hermetismo, aunque distintas voces del oficialismo deslizaron que detrás de la filtración existiría una operación política coordinada destinada a desgastar la figura del presidente. En ese contexto, el asesor estratégico Santiago Caputo intervino en X con mensajes cargados de insinuaciones.
Caputo reflotó una publicación realizada días atrás donde advertía sobre una presunta maniobra contra el Gobierno y escribió: “Las advertencias fueron debidamente presentadas”. Más tarde, profundizó el tono enigmático al referirse a “la triada sagrada de la investigación criminal”, mencionando los conceptos de motivo, medios y oportunidad, acompañados por la frase “Apliquen a discreción”. También apuntó indirectamente a periodistas y medios de comunicación, reforzando la narrativa oficial que intenta instalar la idea de una operación de inteligencia y desgaste político detrás de la difusión de los audios.
Mientras tanto, el expediente recién comienza a tomar forma en los tribunales federales. La justicia deberá determinar si se trató únicamente de una filtración de contenido privado o si, por el contrario, existe una estructura más compleja detrás del caso, con posibles implicancias sobre la seguridad presidencial y el funcionamiento de áreas sensibles del Estado.