miércoles, 20 mayo, 2026
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Cierre de minas: el desafío de «limpiar la casa» y devolverle la seguridad al terreno

El ingeniero Germán Rodari explica cómo se gestionan los residuos y las instalaciones cuando un yacimiento deja de operar para evitar riesgos ambientales y permitir nuevos usos del suelo.

¿Qué pasa cuando una mina deja de ser rentable y apaga sus máquinas? Contrario a lo que muchos imaginan, el trabajo no termina ahí.

En una entrevista con Carolina Putelli, el ingeniero civil Germán Rodari detalló que el cierre de mina es una etapa fundamental de la industria, muy similar al fin de cualquier otra actividad fabril, pero con desafíos técnicos únicos debido al volumen de material que se maneja.

Desmontar, demoler y redestinar

Rodari explicó que esta fase incluye el desmontaje de las instalaciones y la demolición de edificios que se usaron durante la operación. Sin embargo, no todo se tira. En muchos casos, las estructuras se redestinan para nuevos proyectos, buscando que la infraestructura sirva a la comunidad o a futuras industrias.

El reto de los residuos

La gran diferencia de la minería radica en los residuos (roca molida y polvo). Al ser volúmenes imposibles de trasladar, la estrategia es la estabilización. «Los residuos no pueden salir del lugar donde están», afirmó el ingeniero. El proceso tiene dos ejes principales:

  • Estabilidad física: asegurar que el material no se mueva por el viento, el agua o el peso, evitando aludes o avalanchas.
  • Estabilidad química: impedir que el agua de lluvia entre en contacto con los residuos y salga con acidez o sustancias que alteren el agua subterránea o superficial del entorno.

Proyecto de ley en la Legislatura

En este contexto, recientemente se presentó en la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ley impulsado por Franco Aranda para regular específicamente el cierre y postcierre de las minas.

La propuesta busca que las empresas mineras presenten garantías financieras para asegurar que la remediación ambiental se realice correctamente, sin que el Estado provincial deba hacerse cargo de los costos.

Además, contempla controles y auditorías años después de finalizada la actividad para garantizar que no existan fallas estructurales a largo plazo.

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