La Justicia provincial avanza en la investigación por la clausura de una fiesta clandestina en un boliche de Capital. El operativo, realizado el domingo, dejó cerca de 100 personas desalojadas y derivó en acusaciones cruzadas.
La Justicia provincial avanza en la investigación por la clausura de una fiesta que funcionaba bajo la modalidad “after” en un conocido boliche ubicado sobre Avenida Libertador, en Capital. El operativo policial, realizado durante la mañana del domingo, terminó con cerca de 100 personas desalojadas y una serie de acusaciones que ahora son materia de análisis judicial.
Según trascendió, el procedimiento se llevó adelante alrededor de las 11:00, cuando efectivos constataron que el local continuaba funcionando fuera del horario habilitado. En el interior permanecían decenas de jóvenes participando del evento, lo que derivó en la confección de actas y la posterior clausura del establecimiento.
Sin embargo, el operativo no terminó allí. De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, durante el desalojo se produjeron momentos de tensión entre asistentes y policías, situación que habría dejado personas lesionadas de ambos lados.
En ese contexto, la investigación sumó en las últimas horas un elemento clave: el secuestro de las cámaras de seguridad del boliche. El material será sometido a peritajes para intentar reconstruir con precisión cómo ocurrieron los incidentes y determinar responsabilidades.
Por un lado, se analizan las supuestas agresiones que habrían sufrido algunos efectivos durante el operativo. Por otro, también se investiga una presunta situación de apremios ilegales ejercida por personal policial contra un joven que estaba en el lugar.
El civil involucrado acudió posteriormente al médico legista de la UFI CAVIG para constatar lesiones físicas, aunque hasta el momento no trascendieron los resultados del informe médico.
Pese a la gravedad de las acusaciones que rodean el caso, desde el ámbito judicial indicaron que, por ahora, no existe ninguna denuncia formal presentada ni por parte de los efectivos policiales ni de los asistentes involucrados en los incidentes.