Dos trabajadores del Poder Judicial fueron suspendidos preventivamente por la Corte de Justicia de San Juan, imputados por el delito de peculado tras el robo de equipos de aire acondicionado oficiales.
Dos empleados judiciales acusados de participar en el robo de aires acondicionados pertenecientes al Poder Judicial no solo quedaron bajo investigación penal, sino que además comenzaron a enfrentar consecuencias administrativas dentro de la propia estructura judicial. La Corte de Justicia de San Juan decidió suspender preventivamente a los trabajadores señalados en la causa y abrió un sumario administrativo para determinar responsabilidades internas. La medida podría derivar incluso en la cesantía de ambos agentes.
Se trata de Juan José Gallardo (37) y Juan Pablo Albornoz (43), quienes este lunes fueron formalmente imputados ante el juez de Garantías Matías Parrón por el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi. La Fiscalía imputó a ambos trabajadores por el delito de peculado en calidad de coautores, una figura prevista en el artículo 261 del Código Penal argentino y que sanciona a funcionarios públicos que utilizan bienes del Estado para beneficio propio.
Según la investigación, los acusados habrían utilizado tanto los equipos de aire acondicionado como una camioneta oficial del Poder Judicial para concretar las maniobras investigadas. Por tratarse de empleados públicos y por el tipo de bienes involucrados, el caso reviste una importante gravedad institucional. Mientras avanza la investigación penal, la Sala de Superintendencia de la Corte decidió activar la vía administrativa para esclarecer lo sucedido.
Fuentes vinculadas al máximo tribunal indicaron que el viernes pasado se realizó una reunión en la que se resolvió iniciar formalmente las actuaciones administrativas. Para ello se incorporaron informes elaborados por la Oficina de Patrimonio y también la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal. “La investigación administrativa avanzará de manera independiente a la causa penal”, señalaron fuentes judiciales.
Aunque Gallardo y Albornoz continúan en libertad, el juez Parrón les impuso medidas coercitivas mientras dure el proceso. Entre ellas, deberán presentarse periódicamente ante la Justicia y tienen prohibido acercarse a testigos de la causa. Además, el fiscal Grassi solicitó expresamente que la Corte fuera notificada sobre esas restricciones para impedir que los acusados regresen a sus lugares de trabajo y puedan entorpecer la investigación.
En paralelo, el sumario interno podría terminar en la sanción más severa prevista para empleados públicos. “La cesantía es una de las posibilidades que contempla el procedimiento administrativo”, explicaron fuentes allegadas a Tribunales. Por el momento, la causa penal tiene a dos imputados formales y un plazo de 8 meses de investigación penal preparatoria. Sin embargo, los investigadores no descartan que existan más personas involucradas en las maniobras. Uno de los nombres que apareció durante la audiencia fue el de Jorge Fernando Cataldo, quien permanecía prófugo y finalmente se entregó el domingo pasado. De acuerdo con las declaraciones de los acusados, Cataldo habría sido “el cerebro” detrás de las maniobras ilegales investigadas por la Fiscalía.