Tras la caída del acuerdo de reparación integral en la causa Branka Motors, los 356 damnificados buscan alternativas para recuperar su dinero. El fiscal Guillermo Heredia confirmó que aún pueden recurrir a la Justicia Civil.
Tras la caída del acuerdo de reparación integral en la causa Branka Motors, una de las principales dudas entre los 356 damnificados es qué posibilidades reales quedan de recuperar el dinero entregado. Según confirmó el fiscal Guillermo Heredia, una de las vías que todavía permanece abierta es avanzar en la Justicia Civil para intentar obtener un resarcimiento económico.
La investigación comenzó el pasado 19 de enero, luego de las primeras denuncias contra el local ubicado en la esquina de Rioja y 25 de Mayo. Con el avance de la causa, más de un centenar de personas señalaron haber sido víctimas de supuestas defraudaciones relacionadas con la compra de motocicletas. A partir de allí se realizaron más de 15 allanamientos, secuestro de documentación y decenas de testimonios.
En abril los tres imputados, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega, habían logrado evitar la continuidad inmediata del proceso penal mediante un acuerdo de reparación integral homologado por la Justicia. Ese convenio contemplaba el pago de más de $524 millones en cinco cuotas destinadas a 356 denunciantes. Sin embargo, el primer vencimiento, fijado para el 25 de abril, nunca fue cumplido.
“El acuerdo consistía en pagar más de 524 millones de pesos en cinco cuotas a los 356 denunciantes que formaban parte de la investigación. Esa primera cuota vencía el 25 de abril y, cumplido ese plazo, los imputados no hicieron el pago”, explicó Heredia. Ante ese incumplimiento, Fiscalía pidió la revocación del acuerdo y cuestionó la actitud de los acusados.
“No presentaron justificación ni acreditaron de algún modo poder cumplir con el acuerdo, ni siquiera hicieron un pago parcial. Esto evidenciaba que no había voluntad de cumplir”, sostuvo el fiscal. Finalmente, la jueza hizo lugar al planteo del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de los tres acusados en el Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de cinco meses mientras continúa la investigación.
Uno de los puntos centrales que todavía genera discusión es qué ocurrirá con los bienes presentados como garantía del acuerdo frustrado. Heredia explicó que la Fiscalía pidió avanzar con el embargo ejecutivo de esos bienes para intentar liquidarlos y destinarlos al pago de los damnificados, aunque ese planteo fue rechazado por la jueza. “Lo que pedimos es el embargo ejecutivo, que es la próxima instancia para liquidar los bienes, y eso fue rechazado. Estamos analizando si nos queda algún recurso o impugnación respecto a esto”, indicó.
Mientras tanto, el fiscal remarcó que los damnificados aún conservan la posibilidad de iniciar acciones por la vía civil. “Los damnificados pueden tramitar en la Justicia Civil para buscar algún tipo de resarcimiento”, señaló. Respecto al avance de la causa penal, Heredia adelantó que Fiscalía rechazará nuevas propuestas de pago parcial y que únicamente aceptarían una cancelación total e inmediata de la deuda. Además, recordó que el delito investigado prevé penas de entre un mes y seis años de prisión, aunque la escala podría aumentar debido a la cantidad de hechos denunciados.