El gobierno pampeano avanzó con una acción judicial contra la reforma de la Ley de Glaciares, respaldado por un millón de firmas ciudadanas. El reclamo busca declarar inconstitucionales los cambios normativos y proteger los recursos hídricos de la región.
La provincia de La Pampa presentó una demanda judicial contra la reciente reforma de la Ley de Glaciares, acompañada por un millón de firmas de ciudadanos que respaldan el reclamo. La acción busca que la Corte Suprema declare inconstitucionales los cambios normativos, argumentando que flexibilizan la protección de las zonas de alta montaña y ponen en riesgo las cuencas que abastecen a gran parte del territorio argentino.
El conflicto se centra en la nueva delimitación del ambiente periglacial, una modificación que, según autoridades pampeanas y expertos, reduce los estándares de preservación vigentes para facilitar el avance de proyectos mineros en áreas críticas. Para la provincia, la integridad de los suelos congelados y las masas de hielo es fundamental, ya que funcionan como reguladores hídricos esenciales de los que dependen sus ríos y acuíferos.
La Pampa sostiene que la reforma viola el principio de progresividad ambiental, que impide dictar leyes que retrocedan en los niveles de protección ya alcanzados. El millón de firmas otorga a la estrategia jurídica una legitimidad social que pone a la Corte Suprema ante un debate clave: la preservación de los glaciares como “fábricas de agua” frente a las necesidades de inversión económica inmediata.
En un contexto de cambio climático y escasez hídrica, el masivo acompañamiento popular exige blindar los glaciares como un patrimonio estratégico. La decisión del máximo tribunal determinará si Argentina mantiene su liderazgo en protección ambiental o si cede ante una visión que pone en riesgo la seguridad hídrica de las futuras generaciones.