El gobernador Marcelo Orrego se refirió a los planteos sobre límites interprovinciales y el control del yacimiento, basando la posición sanjuanina en la legislación nacional y el marco constitucional.
En el marco de diferencias con la provincia de La Rioja por el proyecto minero Vicuña, el gobernador Marcelo Orrego se pronunció y ratificó la defensa de la jurisdicción provincial, tanto en el plano político como legal. “Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque”, aseguró el mandatario, al referirse a los recientes planteos realizados desde La Rioja sobre los límites interprovinciales y el control del yacimiento.
Orrego sostuvo que la delimitación territorial entre ambas provincias ya está resuelta por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación y vigente desde hace más de medio siglo. “Es una ley, no un acuerdo entre funcionarios, y ha sido aplicada de manera ininterrumpida por todos los gobiernos democráticos”, remarcó en respuesta a declaraciones del gobernador riojano, Ricardo Quintela, sobre los límites provinciales en la zona de Ischigualasto, donde está emplazado el proyecto Vicuña.
En esa línea, el gobernador insistió en que la jurisdicción de San Juan sobre el proyecto Vicuña es “clara, legal y reconocida”, y subrayó que los recursos naturales pertenecen exclusivamente a la provincia donde se encuentran. “No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir regalías con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos”, afirmó.
El mandatario sanjuanino también hizo referencia al marco constitucional, al recordar que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Pese al tono firme, Orrego buscó diferenciar el plano institucional del político: “San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo. Tenemos respeto por La Rioja, pero no se pueden abrir debates sin sustento jurídico”, advirtió. Finalmente, llamó a canalizar cualquier diferencia por vías formales: “La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”, concluyó.
El conflicto por el proyecto Vicuña suma así un nuevo capítulo, con posiciones definidas y un escenario que podría escalar en el plano judicial e institucional si no se encauza por los mecanismos previstos.