Una iniciativa presentada en el Senado propone cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, estableciendo nuevos requisitos y controles para los beneficiarios.
El oficialismo presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley titulado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez». La iniciativa busca reformar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), estableciendo criterios más restrictivos para los beneficiarios y sumando nuevos controles. De ser aprobada, la normativa obligará a todos los actuales titulares a realizar un reempadronamiento general, donde deberán validar nuevamente su situación médica, social y laboral. Quien no cumpla con este trámite sufrirá la baja inmediata del cobro.
Para detectar posibles irregularidades, el Estado implementará cruces de datos masivos entre organismos como ANSES y ARCA. El nuevo esquema establece que el haber será equivalente al 70% de la jubilación mínima. No obstante, el proyecto suprime facultades que permitían al Ejecutivo otorgar sumas extra por zona desfavorable o invalidez laboral específica. Además, la actualización de estas asignaciones quedará atada directamente a la movilidad del haber mínimo.
Uno de los puntos que genera debate es la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier tipo de empleo registrado. Bajo este marco, una persona con discapacidad perdería la asistencia estatal si accede a un trabajo formal. Asimismo, se eliminan incentivos para las empresas que contraten a este sector de la población.
En lo que respecta al sistema de salud, la propuesta habilita convenios individuales entre jurisdicciones y elimina el nomenclador nacional único, lo que podría afectar la homogeneidad en las prestaciones médicas. La elección del Senado como cámara de origen responde a una estrategia política del Gobierno Nacional, donde evalúan un escenario de alianzas más favorable. Se anticipa un debate con los sectores que el año pasado impulsaron la ampliación de derechos que esta nueva ley busca modificar.