Tras una nueva audiencia, la resolución sobre si el caso judicial contra José Castro y tres concejales debe seguir en sede penal o administrativa fue diferida. El fallo se conocerá en los próximos días.
La causa judicial que involucra al intendente de Angaco, José Castro, sumó este lunes un nuevo capítulo clave, aunque sin una definición inmediata. Tal como ocurrió en instancias previas, la decisión volvió a quedar en suspenso tras la audiencia de impugnación. La jornada estuvo encabezada por la jueza Ana Lía Larrea, quien escuchó los planteos de las partes pero resolvió tomarse un cuarto intermedio antes de emitir su fallo.
La resolución será comunicada en los próximos días a través del sistema Choique, según se informó oficialmente. El eje de la audiencia giró en torno a un planteo de la defensa, que cuestiona la competencia del fuero penal.
«Sostenemos que se trata de un acto político no judiciable y que debe tramitarse en sede administrativa», argumentaron los abogados defensores, Marcelo Fernández y Lionel García. En esa línea, remarcaron que «no se puede criminalizar el voto o la opinión de funcionarios del ámbito legislativo municipal», y que el procedimiento correcto debería comenzar en el fuero contencioso administrativo. Recién luego, según su postura, podría habilitarse una instancia penal. Además, criticaron el accionar del Ministerio Público Fiscal.
«Se fueron por el camino más corto y eso no está autorizado por la ley ni por la Constitución provincial», sostuvieron durante la audiencia. Del otro lado, la fiscal de impugnación Marcela Torres defendió la postura acusatoria y ratificó la competencia penal en el caso.
Desde la fiscalía sostienen que, al tratarse de funcionarios públicos, no existe impedimento constitucional para investigar posibles delitos, incluso en decisiones vinculadas a su función. La causa investiga a Castro y a los concejales Alberto de Los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El foco está puesto en una ordenanza que avaló un acuerdo económico millonario para evitar un juicio, vinculado a una causa por malversación de fondos de 2019. Para la fiscalía, esa maniobra podría implicar también delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.
No es la primera vez que una definición se posterga en este expediente. En una instancia anterior, el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi adoptó una postura similar. Tras escuchar a las partes, también difirió su decisión y la comunicó días después, marcando un antecedente en la causa.
Ahora, todas las miradas están puestas en lo que resuelva la jueza Larrea. Su decisión será clave para determinar si la investigación penal avanza, con un plazo de seis meses solicitado por la fiscalía, o si el expediente cambia de fuero, como pretende la defensa. Por el momento, el escenario sigue abierto. Una vez más, el futuro judicial del intendente de Angaco quedó en suspenso, a la espera de una resolución que podría marcar un antes y un después en el caso.