Una grabación menciona un aporte de empresarios para un evento con el presidente Milei. Los mismos actores están investigados por presuntas irregularidades en compras de insumos médicos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La difusión de un audio ha reavivado la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ha sumado un nuevo foco de atención: el financiamiento de un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena durante la campaña electoral de 2025.
Según la investigación periodística, en la grabación se menciona un aporte cercano a los 70.000 dólares realizado por empresarios vinculados al sector farmacéutico, destinado a cubrir gastos del evento donde el mandatario presentó un libro y participó de un show musical. Este dato adquiere relevancia porque esos mismos actores aparecen vinculados a empresas proveedoras del Estado que están bajo investigación judicial, en una causa que analiza posibles retornos y sobreprecios en la compra de insumos médicos dentro de la ANDIS.
La causa se inició tras la difusión de audios atribuidos a exfuncionarios del organismo, donde se describía un presunto esquema de sobornos ligado a la adjudicación de contratos. En ese marco, la posible conexión con el financiamiento del acto político abre nuevos interrogantes sobre el destino y origen de los fondos.
Desde el Gobierno nacional rechazaron las acusaciones en reiteradas oportunidades, al sostener que se trata de maniobras políticas sin sustento, mientras la investigación judicial continúa sin resoluciones definitivas.
En paralelo, el expediente avanzó con nuevas medidas. La fiscalía solicitó el llamado a indagatoria para más de 20 empresarios y exfuncionarios, entre ellos Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como parte de una presunta estructura que habría generado un perjuicio millonario al Estado.
De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el cual se habrían direccionado compras de insumos médicos de alto costo, favoreciendo a determinados proveedores. El volumen de las operaciones bajo sospecha es significativo: la fiscalía estima erogaciones por más de 75.000 millones de pesos, en un entramado que involucraría a más de 30 empresas.
Los productos en cuestión incluyen prótesis, implantes cocleares, insumos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, todos destinados a pacientes en situación de vulnerabilidad a través del Programa Incluir Salud. Según los investigadores, este programa habría sido utilizado como una plataforma para canalizar pagos ilegales de manera sistemática, desviando recursos públicos hacia intereses privados.
Las actuaciones judiciales también detectaron prácticas como filtración de información privilegiada, manipulación de procesos de contratación y participación directa de empresarios en decisiones clave del organismo, lo que refuerza la hipótesis de un esquema coordinado. Tras varios meses de investigación, la Justicia sostiene que la ANDIS habría funcionado como una estructura discrecional para favorecer a determinados proveedores, en violación de los principios de transparencia y control en la administración pública.