El dato de inflación de enero reabrió la discusión que viene dominando la conversación económica: la desinflación sigue siendo el objetivo correcto, pero el interrogante ya no es si bajar la inflación “sirve” –sirve y mucho– sino si el esquema actual puede llevarla a niveles sustancialmente menores y si puede hacerlo sin acumular tensiones crecientes en otros terrenos.
Con ese interrogante de fondo, tan importante como sostener el objetivo es discutir los instrumentos. La prioridad anti-inflacionaria no debe abandonarse –es la condición necesaria–, pero no es indiferente cómo se la persigue. Un programa que pretende consolidarse no puede fijar una meta sin internalizar su costo macro. Cuando la política monetaria queda “tirante”, con tasas reales elevadas para sostener el anclaje y contener expectativas, el crédito se encarece y el financiamiento de la producción se vuelve un obstáculo adicional en una economía ya débil. Se gana un escalón en desinflación, pero se paga con menos tracción en actividad y con un esquema más frágil, porque depende de sostener esa tensión por más tiempo del deseable. La inconsistencia se vuelve más visible en el frente cambiario. Mantener un tipo de cambio apreciado y administrado –en un contexto donde todavía persisten controles– puede ayudar a ordenar nominalmente y a comprar tiempo, pero también erosiona la rentabilidad de los sectores transables, los que responden con menos producción, menos empleo o menor inversión, sobre todo en las ramas expuestas a una mayor apertura importadora.
Y ahí aparece el punto político-económico más delicado de cualquier proceso de desinflación y cambio de régimen: la estabilidad no se sostiene sólo con datos; se sostiene con respaldo social. Si la desinflación no empieza a traducirse en una mejora perceptible del ingreso real y del empleo, la paciencia se agota y el acompañamiento se vuelve más condicionado. Justo cuando el programa necesita consolidación, el riesgo es entrar en una zona donde las metas nominales se preservan a costa de una economía real que no arranca, y donde la sociedad empieza a preguntarse –con razón– para qué sirve la inflación baja si no viene acompañada de recuperación.
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Ese clima de cansancio es relevante también por otro motivo: porque vuelve más difícil el trabajo de “mover” expectativas. No es que al Gobierno le falten hitos políticos: ganó las elecciones, consiguió aprobar el Presupuesto y sigue avanzando con leyes que considera estructurales, como la de modernización laboral. Sin embargo, la inercia social y empresaria no cambió al mismo ritmo. Eso explica una tensión recurrente: cuanto más se estira la transición, más se necesita convencer de que el sacrificio vale la pena, y más costoso se vuelve sostener esa convicción cuando la mejora cotidiana no aparece.
En ese contexto, no es menor el episodio del día del dato de inflación de enero: después de un almuerzo entre el Presidente, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, apareció en X un mensaje escueto –“Habrá novedades”– que operó casi como recordatorio de época: el programa necesita seguir produciendo noticias para intentar inclinar el termómetro de confianza. No es necesariamente un defecto; es el modo en que la política económica gestiona expectativas. Pero también abre una pregunta: si el enfoque gradual prolonga la sensación de ajuste sin recompensa visible, ¿alcanza con prometer novedades para sostener el acompañamiento? ¿O, en realidad, la apuesta oficial es otra: consolidar credibilidad primero entre empresarios y mercados –vía leyes y señales– para que la inversión sea el primer motor, y recién después llegue el alivio a la economía real?
Es correcto que el Gobierno priorice bajar la inflación, aun en un contexto de actividad débil. Pero la clave es la consistencia del régimen. Prometer metas absolutas –como inflación cero– puede ser tentador como señal política, pero se vuelve riesgoso si detrás hay un mix de tasas altas y tipo de cambio apreciado que presiona sobre la economía real. La desinflación puede seguir, pero para consolidarse necesita algo más que convicción: necesita un marco que no dependa de tensiones crecientes ni de amortiguadores que se agotan. Si no, el peligro no es que la inflación no llegue a cero, sino que el programa pierda apoyo antes de haberla llevado a niveles compatibles con una estabilidad duradera.
* Economista.