Más de 100 agentes del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta denunciaron haber sido víctimas de una estafa piramidal, conocida como Esquema Ponzi, dentro de la misma fuerza de seguridad y, tras las primeras investigaciones, se realizaron siete allanamientos, mientras que se estima que se habrían movilizado más de 2.700 millones de pesos y que estaría sostenido mediante promesas de altos rendimientos y una red interna de captación de fondos.
Este jueves personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad Investigación UDEC realizó, bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, siete allanamientos en la ciudad de Salta, en el marco de una investigación por estafas.
Las denuncias presentadas por los agentes son contra un Cabo primero del Servicio Penitenciario, quien les habría ofrecido un “sistema” de inversiones que, según manifestaba, funcionaba desde la pandemia.
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“El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15% y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital”, destaca el parte del Ministerio Público Fiscal provincial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Los damnificados explicaron que, como ocurre en todos los casos de esta modalidad, durante los primeros meses habrían recibido pagos parciales de intereses e, incluso, devoluciones de capital, lo que reforzó la confianza y favoreció la continuidad de los aportes, pero, con el paso del tiempo, comenzaron las demoras, pedidos de prórroga, transferencias a través de cuentas de terceros y hasta el cese casi total de las respuestas.
Varios de los damnificados denunciaron haber entregado sumas millonarias al Cabo para obtener rédito, algunas de 7 millones de pesos y otras de hasta 24 millones de pesos.
“A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas”, destacaron.
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A su vez, informaron que el volumen de dinero movilizado superaría los 2.702.170.181 pesos. Asimismo, se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.
De la investigación se desprende que el Cabo no habría actuado solo. La evidencia reunida indicaría la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habrían cumplido roles activos como puntos de captación y canalización de fondos de terceros.
Entre los casos analizados se destaca el de una funcionaria penitenciaria (última denunciante), cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias realizadas al acusado por un monto superior a los 118 millones de pesos. Este mismo escenario ocurrió con otros agentes de la misma fuerza.
Para la fiscal la maniobra respondería a una estructura de tres niveles: el denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre pares; y una base amplia de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios.
En los allanamientos se logró secuestrar dispositivos electrónicos, celulares, documentación considerada de interés para la causa y la suma de 1.317.000 de pesos en efectivo.
Además, por requerimiento fiscal, fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y de la plataforma Cocos, a donde fueron enviados 120 millones de pesos.
Luego, se confirmó que el principal investigado y una mujer fueron citados a audiencia de imputación.
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