Ir al cine, tomar un taxi o un café –incluso en su casa– son gustos que Juana (73), no se puede dar. Cobra la jubilación mínima y hace arreglos de ropa para llegar a fin de mes. Trabaja casi de manera ininterrumpida desde hace 50 años, pero solamente contaba con 14 de aportes. La suya es una realidad que se multiplica por millones.
Las estadísticas dan cuenta del deterioro que año tras año sufren los ingresos. En el ranking que elabora el Instituto Mercer CFA y que mide la suficiencia, sostenibilidad y confiabilidad de los sistemas jubilatorios en 48 países del mundo, Argentina ocupa el puesto 47 de los 48 casos analizados. Integra el grupo de las naciones con peor desempeño junto a Sudáfrica, Turquía, Filipinas e India. De ese listado –con puntajes que van de los 35 a los 50–, Argentina (con una valoración de 45,5 puntos sobre 100) tiene peor desempeño que Sudáfrica (49,6), Turquía (48,3) y Filipinas (45,8). El único país que está por debajo es India, con 44 puntos.
El estudio mide tres factores principales, aunque incluye cincuenta preguntas. El primero de esos factores es la adecuación, es decir, si los recursos son suficientes para satisfacer las necesidades financieras de las personas jubiladas.
En mayo la jubilación mínima en Argentina –contando el bono de $ 70.000, congelado desde marzo de 2024–, es de $ 366.481,75. De acuerdo con el último cálculo de la Defensoría de la Tercera Edad, en abril la canasta básica de un jubilado tenía un valor de $ 1.200.523, con lo que el ingreso más bajo alcanzaba a cubrir el 30% de los bienes y servicios esenciales.
El segundo factor que mide el informe es el de la sostenibilidad a largo plazo. Esto se ve afectado principalmente por el envejecimiento de la población y la baja tasa de incorporación de los jóvenes al mercado formal de trabajo. El documento cita al Banco Mundial, que afirma que “la mayoría de los sistemas públicos de pensiones no son financieramente viables y, por lo tanto, no pueden cumplir sus promesas a las generaciones más jóvenes que se jubilarán en el futuro”. Por otro lado, recalca que “una característica importante de la sostenibilidad es el nivel de financiación anticipada, lo cual es especialmente relevante cuando disminuye la proporción de trabajadores respecto a jubilados”.
Si bien el nivel de puntación de Argentina en cuanto a la sostenibilidad del sistema es bajo (29,4 sobre 100), el dato se mantuvo casi inalterable desde que se tiene el registro, por lo que el acceso a las moratorias no parece haber sido el problema principal: más bien se trata de la caída en los niveles de empleo formal entre los sectores aportantes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, si se aprobara una prórroga por dos años de la moratoria, el costo sería del 0,084% del PBI el primer año y del 0,081% en el segundo.
El tercer gran ítem que tiene en cuenta la consultora es el de la integridad: cuán confiables son los sistemas de pensiones y cuál es su regulación.
Entre los casos que analiza la consultora, Países Bajos, Islandia, Dinamarca e Israel tienen los mejores sistemas. “Aunque los Países Bajos están llevando a cabo una reforma importante de su sistema de pensiones, pasando de una estructura de beneficios mayoritariamente colectiva a un enfoque más individual de contribución definida, su sistema ha recibido el valor de índice más alto en 2024. La razón de esta calificación es que, a pesar de estos cambios, el sistema seguirá proporcionando muy buenos beneficios, respaldados por una sólida base de activos y una regulación muy robusta”, explicaron.
En el caso argentino, la situación cambió respecto al informe, ya que mide datos del año 2024. Es probable que el fin de las moratorias altere las estadísticas de 2025. Esta semana, las comisiones de Presupuesto y Previsión de la Cámara de Diputados emitieron dictamen sobre proyectos que incluyen la extensión de la moratoria por dos años, el aumento del bono en consonancia con la inflación y un incremento de los haberes. También proponen bajar la edad para acceder a la Pensión por Adulto Mayor (PUAM) de 65 a 60 años.
Con la jubilación mínima y un bono congelado desde marzo de 2024, Juana, que vive sola y no alquila, no llega a comprarse algunos medicamentos básicos. Sin embargo, ni las estadísticas ni los ingresos que recibe hoy son su principal preocupación. “Yo soy grande, pero me preocupan mis hijos, mis nietos, la gente joven. Esto ya lo viví. Durante algunos años, en los 90, no entró ni una moneda en mi casa. Pero en ese entonces, gracias a la solidaridad de una pareja de almaceneros que habían llegado de Bolivia, mis hijos nunca dejaron de comer”, contó a este medio.