Decenas de personas que buscaban comprar su casa propia o invertir en un negocio fueron engañadas en lo que se configura como una presunta megaestafa inmobiliaria que comenzó a investigarse en 2023, pero se estima que habría comenzado durante la pandemia. Por el hecho ya hay cuatro miembros de una familia detenidos, de la empresa Induplack Fiduciaria, más el apoderado de la firma, denunciados por supuestamente integrar una asociación ilícita destinada a cometer múltiples maniobras defraudatorias con fideicomisos.
Se trata de Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores. Los acusados se entregaron a la Justicia y la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40, Paula González, los procesó por recibir pagos anticipados, sin concluir las obras ni realizar los trámites de las escrituras para los compradores, en su mayoría de la Ciudad de Buenos Aires.
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Según la resolución, a la que accedió este medio, se imputó a los L’Abbate como representantes legales de Induplack y a Flores como apoderado de la compañía y presidente de Icons Tech S.A. En la página web de la constructora podían observarse alrededor de 30 proyectos publicados, con edificios en desarrollo para quienes quisieran comprarlos de pozo y asegurando una garantía de “12 años de trayectoria» y más de 800 unidades entregadas.
Hasta la semana pasada, la fiscal a cargo de la causa, Mónica Cuñarro, había recibido 120 denuncias. En los últimos días, estas ascendieron a más de 200 y se estima que los damnificados totales serían entre 300 y 350. Entre ellos se encuentra el reconocido abogado y especialista en empleo, Juan Pablo Chiesa, quien relató a PERFIL que le compró a los L’abbate dos cocheras y dos monoambientes para dejarle a sus hijos.
«Durante años, Induplack operó bajo el ropaje legal de un fideicomiso inmobiliario. Prometía departamentos de pozo a precios accesibles, cocheras con renta asegurada, planes de pago cómodos«, comentó el letrado. «Pero los proyectos nunca se entregaban. Las escrituras no aparecían. Las obras quedaban inconclusas, o directamente eran fantasmas«, agregó.
Chiesa explicó que confió en invertir en el proyecto tras hablar con Vito L’Abbate, al pasar por el lugar donde se estaba construyendo un edificio en la calle Potosi 3957. Además de este proyecto, se investigan los desarrollados en Acuña de Figueroa 333, Alberdi 5784; Av Jujuy 431, Catamarca 544, Fragata Sarmiento 2070, Ibarrola 6517, Mexic 1640, Paysandu 1970; Av Rivadavia 10562/7159 y San Juan 1451, todos en CABA, entre otros.
En esa línea, el letrado dijo que los imputados «captaron fondos sin autorización del Banco Central, lavaron activos a través de sociedades pantalla y simularon operaciones jurídicas». Sobre la cantidad de personas estafadas, estimó que en el perjuicio total «estamos hablando de más 20 millones de dólares».
En este momento, la jueza González tiene incautados unos 905 millones de pesos y decretó la inhibición general de bienes. Además, se identificaron cuentas en los Estados Unidos y se analizan otras opciones para garantizar las reparaciones económicas de las víctimas. La investigación también evidenció que los imputados no sólo cumplían funciones en Induplack, sino que también integraban, al menos otras veinte empresas del rubro de la construcción.
«Las víctimas en su mayoría son trabajadores, profesionales, jubilados e incluso pequeños inversores. Estaban convencidos de que estaban comprando un pedazo de su porvenir», añadió Chiesa, quien celebró la detención del «clan L’abbate» pero que en esta causa se necesitan «embargos, restituciones y condenas efectivas».
Pérdidas millonarias
Según se desprende del expediente, los L’Abbate habrían operado de manera sistemática, vendiendo el mismo inmueble a múltiples compradores. Una vez que los pagos iniciales ingresaban a sus cuentas, la empresa iniciaba un nuevo proyecto, dejando las obras inconclusas y a los compradores en una situación desesperante.
Al parecer, el modus operandi presentaría similitudes con los esquemas piramidales. «Esto fue una recontra mega estafa, muy cerca de lo que hizo Leonardo Cositorto (líder de Generación Zoe)», indicó Chiesa. Supuestamente la empresa buscaba mantener la ilusión de crecimiento y solvencia, mientras que en realidad se encontraba al borde del colapso.
«Pagué durante seis años por un departamento que no era mío. Me siento estafada y engañada», relató Andrea Gerez, una de las denunciantes, en diálogo con la agencia NA a principios de año. En ese contexto, otro de los damnificados aseguró a este medio: “El departamento que yo compré, lo vendieron cuatro veces más. En Acuña de Figueroa hay un edificio que tiene 48 departamentos pero 95 dueños”.
Por su parte, la fiscal Cuñarro informó que los L’abbate no solamente no entregaban lo que era la unidad de vivienda a los comprados, sino que estas firmas «tenían 20 firmas vinculadas que iban modificando para ir sacando dinero de una a la otra«. La funcionaria judicial comentó en declaraciones a AM750 que en este caso «hay una organización bastante sofisticada con rangos jerárquicos«.
En tanto, los implicados ya habían sido procesados en 2023 y 2024 por 14 hechos similares, donde también se les había dispuesto un embargo de 190 millones de pesos. «Lo que le dijimos a la jueza era que ellos iban cambiando el dinero de empresa a empresa a medida que se iniciaban los juicios civiles o comerciales«, concluyó la fiscal.
Cabe señalar que en las redes sociales, donde la inmobiliaria tenía miles de seguidores y publicaba fotos de sus unidades “en obra”, los damnificados crearon cuentas con nombres como “estafados por Induplack” o “Induplack miente” para dar cuenta de la denuncia y lo sucedido. Muchos de ellos han pedido el refuerzo de controles en el mercado inmobiliario y una mayor protección a los consumidores de este tipo de estafas.
FP CP