El fondo buitre Bainbridge insistió este miércoles con cobrarse una sentencia favorable en tribunales de Nueva York con acciones de YPF y acusó los sucesivos gobiernos de Argentina por «un cuarto de siglo» de incumplimiento de los fallos de la jueza Loretta Preska, que lleva la causa de la petrolera por cuya expropiación en 2012 fijó un dictamen de primera instancia que obliga a la empresa a pagar 16.100 millones de dólares.
La presentación por carta del fondo buitre llegó después de que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, presentara una postura favorable a los intereses de Argentina y recomendara a la jueza neoyorkina a no proceder con el pago de sentencias con acciones, por considerar el mecanismo como violatorio de la soberanía.
La administración de Joe Biden aportó su opinión al límite de los plazos legales la semana pasada, con Donald Trump ya electo, ante el reclamo de cobro del fondo buitre -y de otros beneficiarios de la sentencia por YPF- que avanzaba con el reclamo de liquidar la deuda con el 51 por ciento de las acciones que el Estado argentino tiene de la petrolera .
En respuesta a la postura del gobierno de Estados Unidos, Bainbridge sostuvo que «el énfasis de la Casa Blanca en el tema ‘cortesía internacional’ es particularmente desconcertante» y le reiteró a la jueza Preska que descarte la opinión firmada por Damian Williams, fiscal para el distrito Sur de Nueva York.
El fondo entonces argumento contra el historial judicial argentino en el tribunal. «Estamos tratando con una nación extranjera cuyos gobiernos se han negado absolutamente a hacer cumplir las sentencias dictadas por los tribunales de los Estados Unidos y, además, han dificultado la ejecución de sentencias», argumentó el abogado Anthony J. Constantini, patrocinante de Bainbridge.
«Esta Corte no le debe cortesía alguna a una nación que ha rechazado consistentemente la cortesía internacional durante el último cuarto de siglo«, insistió el texto al que accedió Sebastián Maril, abogado y CEO de Latin Advisors, un argentino que sigue con atención el devenir judicial del Estado argentino y fondos buitres en tribunales de Estados Unidos.
🔴Bainbridge Fund presenta una carta a la Juez Loretta Preska pidiéndole que no considere la opinión del Departamento de Justicia de los EE.UU. que defendió a Argentina en el pedido de la entrega de las acciones de YPF como forma de pago.
Bainbridge dice que «El énfasis de La… pic.twitter.com/qKHiryBb0I
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) November 13, 2024
Ante la presentación de Estados Unidos, la jueza Loretta Preska le concedió un plazo a los beneficiarios del fallo de YPF y un permiso para presentar una respuesta a la oposición del Departamento de Justicia a la entrega de las acciones de YPF como forma de pago del fallo. Los demandantes tenían tiempo hasta el 15 de noviembre.
Aquella recomendación de la administración Biden no es vinculante pero sí un parámetro de peso que la Justicia tomará en cuenta. «Esto no está relacionado con el Alter Ego, ni la apelación, ni el fallo de los 16.100 millones de dólares. Es parte de la ejecución de ambas sentencias», explicó Maril desde sus redes y a Clarín.
«Estados Unidos presenta esta Declaración de Interés para reiterar su posición de larga data de que las propiedades extranjeras soberanas ubicadas en el exterior no están sujetas a ejecución en los tribunales estadounidenses», escribieron los emisarios del Departamento de Justicia entonces.
En diálogo con Clarín, el especialista Maril explicó que esa postura oficial «es exclusivamente sobre la entrega de las acciones como forma de pago porque Argentina no depositó una garantía para poder apelar el 30 de enero».
La jueza Loretta Preska de Nueva York. Foto Josh Haner / The New York TimesRadicado en Bahamas, el holdout Bainbridge busca cobrarse 95,8 millones de dólares que provienen de los bonos impagos de la deuda argentina que no ingresaron a los canjes de deuda luego del default en 2001. Ese reclamo de ahorristas tuvo fallo favorable en 2016 y el fondo buitre adquirió la deuda que, mientras intenta ejecutarla con embargos, acumula intereses.
Es el mismo que con una acción de discovery -procesos de búsqueda de activos que los bufetes de abogados especializados utilizan en los tribunales para ejecutar las deudas- una intentona de cobrarse ante el movimiento de lingotes de oro del Banco Central al exterior que hizo la gestión del ministro Luis Caputo, en busca de un préstamo REPO bancario.
La misma búsqueda de cobro de sentencias con acciones es impulsada por Eton Park Capital y Petersen Energía Inversora, otrora de la familia Eskenazi, beneficiarios del fallo por la expropiación hecha por Cristina Kirchner y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, que derivó en el fallo más oneroso contra un estado de la historia.
En esa estatización, otro fondo, Burford, adquirió el reclamo de daños de socios de la petrolera Repsol.
DS