Las tarifas de los servicios de Internet, telefonía móvil y televisión paga quedaron este jueves liberadas por completo, gracias a una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Sin embargo, se estima que esta medida no tendrá el mismo impacto en cuanto a aumentos que tuvo una similar en la salud privada, que desde diciembre a esta parte tuvo incrementos de triple dígito (un 160% promedio).
Los operadores de Internet, telefonía y TV paga tienen ahora las manos libres para disponer aumentos sin tope alguno. Sin embargo, deberán manejar la tensión abierta por dos fuerzas: una a favor de una suba de las tarifas por el peso de la presión impositiva sobre el sector y el aumento de los costos de operación por la inflación. Y otra en contra a una suba debido a la caída del poder adquisitivo de sus clientes como consecuencia de la recesión derivada del ajuste iniciado por la administración Milei.
¿Qué decidió el Gobierno sobre las tarifas de Internet, telefonía y TV paga?
A través de la resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial este jueves, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) derogó una serie de normativas que determinaban que las tarifas debían ser «justas y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación». De esta manera, las empresas podrán fijar el precio que consideren.
La resolución se alineó con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, del expresidente Alberto Fernández en 2020. El 9 de abril se publicó el decreto 302/2024 por el cual Milei dio de baja esa norma de su antecesor, que no tenía vigencia debido a medidas cautelares primero y fallos posteriores en la Justicia que beneficiaron a los operadores.
En el marco de la pandemia del coronavirus y la cuarentena que derivó en el teletrabajo y clases a distancia a nivel nacional, Fernández había declarado servicios públicos esenciales a Internet, la telefonía y la televisión por cable, y congelado los precios y fijado los aumentos tarifarios, mediante el Enacom.
«Como consecuencia del dictado del DNU N° 302/2024, que deroga el DNU N° 690/2020, corresponde que las normas dictadas en su consecuencia sigan su misma suerte atento su conexidad y su carácter reglamentario de una norma que ha perdido vigencia«, consideró el Gobierno nacional este jueves.
El consultor Enrique Carrier señaló al respecto que «en realidad, más que eliminar topes a aumentos», la resolución del Enacom «lo que se hace es derogar normas sujetas al DNU 690, derogado por el PEN y declarado nulo por la Justicia. Habían pasado a ser normas sin sustento legal».
¿Cuánto pueden aumentar las tarifas de Internet, celulares y TV paga?
Al ser un mercado desregulado, las tarifas de Internet, telefonía y TV paga pueden incrementarse ahora en forma libre. Por ejemplo, el DNU de Fernández establecía que «los licenciatarios de servicios de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».
También disponía que «las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de TIC en competencia, las de los prestados en función del servicio universal y de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta». Todas estas limitaciones legales ya no tienen vigencia, y los operadores pueden disponer de las tarifas si necesidad de ajustarse a medida alguna en cuanto a topes.
¿Qué alternativas tienen los usuarios ante aumentos en las tarifas de la conectividad?
Aunque ahora no tengan límites para incrementar las tarifas, los operadores deben considerar la situación de sus clientes, que sufren un recorte profundo en el poder adquisitivo de sus ingresos. La nueva resolución del Enacom se anunció justo en la semana en que se difundió un estudio privado, según el cual el 67,5% de los hogares argentinos adoptó alguna medida para reducir el costo de su servicio de Internet fijo y un 65,3% también buscará reducir el costo de su servicio de televisión con abono.
El dato fue difundido por la Cámara Argentina de Internet (Cabase, un acrónimo de su anterior denominación) en la última edición del Cabase Internet Index, un estudio sobre estado de la conectividad e infraestructura de Internet en el país, que la entidad compartió con iProfesional.
Alternativas de los usuarios para bajar sus costos de conectividad. Fuente: Cabase.
Del estudio surge que el costo promedio del servicio de Internet fijo a nivel nacional es de $20.035, y si se consideran los ingresos promedios por hogar en la Argentina, el costo del servicio alcanza alrededor del 4% de ellos.
Entre las alternativas para evitar dar de baja los servicios de conectividad y contenidos en el hogar, los usuarios buscaron reducir su costo, a través de un acuerdo con su proveedor o por la vía de un cambio hacia un proveedor con menor precio.
«Frente a esta situación excepcional, los proveedores del sector, en su mayoría pymes y cooperativas, acompañaron a sus clientes con propuestas de descuentos y promociones especiales, aun cuando ellos mismos, como proveedores de servicios, enfrentan condiciones del contexto económico, impositivo y regulatorio que inciden muy negativamente sobre sus resultados, su capacidad de inversión y la sostenibilidad de su operación a futuro», advirtió Ariel Graizer, presidente de la Cabase.
¿Cuál será el servicio más afectado por los aumentos?
La conectividad es necesaria para trabajar, estudiar, atender la salud y realizar trámites, además de actividades de comunicación, pero el entretenimiento en línea, en especial el streaming, empieza a verse afectado.
Según el relevamiento de Cabase, los pedidos de baja definitiva de las prestaciones se mantuvieron reducidos, entre el 1,2 por ciento para la telefonía fija, en el 1,9 por ciento en Internet fijo y en el tres por ciento en el caso de la telefonía móvil y la TV paga; mientras que en el caso del streaming fue del 10 por ciento del total de las personas que manifestaron su intención de cancelar la suscripción.
¿Por qué los operadores necesitan aumentar sus tarifas?
La suba de los precios e insumos desde que asumió Milei afectó no solo la economía de las comunicaciones, sino la economía en general. Los operadores respondieron con satisfacción en abril la derogación del Decreto 690, que había congelado las tarifas y después autorizado aumentos por debajo de la inflación.
Los operadores reclaman menos trabas burocráticas para el despliegue de sus redes.
A pesar de la liberación de los precios que disponen ahora, se estima que no van a dispararse ni a crecer como en otras actividades, porque hay libre competencia. Sin embargo, los aumentos son ineludibles porque es imposible para las empresas prestar los servicios por debajo de los costos.
¿Qué reclaman los operadores al Gobierno nacional?
En el Internet Day, un encuentro anual de las empresas que proveen servicios de conectividad, organizado por Cabase en mayo, Graizer advirtió que el sector soporta una carga tributaria de 41,5 por ciento en promedio, y varía entre el 38,6 por ciento y el 44,5 por ciento según el tamaño de la empresa, el modelo de prestación del servicio, la estructura de costos y la localización geográfica.
El empresario citó un informe realizado por el Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP-UNLP), del que surge que más del 40 por ciento de lo que paga un usuario por su servicio de Internet son impuestos y tasas.
Se subrayó, a su vez, que de manera general los impuestos y tasas nacionales explican entre el 72 por ciento y el 89 por ciento de los tributos que recaen sobre el sector. Los tributos provinciales representan entre un 11 por ciento y un 14 por ciento mientras que los municipales lo hacen entre un dos por ciento y un 16 por ciento.
Además de un descenso en la presión impositiva, entre los operadores predominan los reclamos por menores trabas burocráticas para el despliegue de sus redes, en especial en los municipios y las provincias. Quizás la más insólita de esas trabas es una ordenanza aprobada a fines del 2023 en el Concejo Deliberante de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego.
La ordenanza declaró a Ushuaia zona libre de radiaciones provenientes de la quinta generación (5G) de las tecnologías de telefonía móvil y prohíbe su despliegue. Paradójicamente, en Ushuaia el grupo Newsan produce los teléfonos móviles de la marca Motorola, una de las dominantes del mercado argentino. Muchos de esos celulares tienen 5G.
En Ushuaia rige una ordenanza que impide el despliegue de 5G.
Mientras aguardan la definición de otras cuestiones macroeconómicas que afectan al negocio de la conectividad, como el cepo cambiario, y específicas del sector, como el destino de los recursos del Fondo de Servicio Universal (FSU) y el rol del operador estatal mayorista de telecomunicaciones Arsat, los operadores ya disponen desde este jueves de las manos absolutamente libres en materia legal para aumentar sus tarifas.
Sin embargo, estarán condicionadas por la caída del poder adquisitivo de sus clientes, sin un horizonte ni claro ni cercano de crecimiento económico, por lo que no podrían imitar las subas acumuladas de triple dígito de sus pares de la salud privada.