“¡Somos liberales, no boludos!”. Javier Milei cortó una discusión en seco. En una mesa chica, sus colaboradores debatían una medida poco ortodoxa. El Presidente frenó el divague ideológico con un grito de pragmatismo. La gestión libertaria empezó a jugar con las reglas de la política tradicional. La pregunta que sobrevuela en la Casa Rosada es si los errores de continuidad en el guión oficial comienzan a ser notorios para el ojo común.
En las últimas dos semanas, los colaboradores del Presidente dejaron el talante arrogante de las convicciones de hierro para pasar a dar explicaciones. Al final, cortar con las cuotas solidarias de los sindicatos era negociable y es mejor no meterse por ahora con el “Señor del Tabaco”. El Estado sí puede inmiscuirse en el mercado si hay cartelización. Y está bien repartir obras y fondos para pasar las leyes. Los intereses de provincias como la Santiago del Estero de Gerardo Zamora ahora importan.
Federico Sturzenegger se quedó solo flameando las banderas y defendiendo el espíritu de las reformas los primeros días de gobierno. Dijo que “la CGT representa a cada vez menos gente” y que no se puede culpar a las prepagas por el aumento de sus cuotas porque “están ordenando la situación”. Justo cuando la Casa Rosada repartió gestos de paz hacia los sindicalistas y declaró enemigo público al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt.
El Gobierno se está tomando licencias en su agenda “anticasta” tanto por necesidades propias como por factores exógenos. Esto último -supuestamente- corrió para la reforma a los impuestos al tabaco que la Casa Rosada borró de un plumazo en la nueva versión de la ley Bases.
En el proyecto de enero había un artículo que cambiaba las reglas del sector para que todas las empresas tributaran lo mismo. Era un golpe artero al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que, a diferencia de compañías internacionales como Massalin Particulares y British American Tobacco, desde 2017 no paga el impuesto mínimo a los cigarrillos. Eso llevó a que un atado de una marca nacional sea mucho más barato. Y Sarandí vio crecer exponencialmente su participación en el mercado.
Altas fuentes del Gobierno comenzaron a señalar que lo que llevó a Milei a retirar los artículos del tabaco de “la ley de Bases” fue una información sobre una supuesta denuncia -cuya autenticidad no está comprobada- radicada en la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. Allí se habrían pedido investigar presuntas prácticas irregulares de “Philip Morris International” y de un estudio jurídico que involucrarían a funcionarios del Poder Ejecutivo y a dos diputados de la oposición dialoguista para cambiar la legislación argentina.
En el Congreso hay quienes dudan de la veracidad de ese documento. Como sea, la Casa Rosada prefirió sacrificar su reforma (dice que la impulsarán más adelante) hasta que bajen las olas. A esta altura, las operaciones cruzadas ponen un manto de sospecha muy incómodo para toda la política.
El Gobierno decidió correr de la ley Bases y del paquete fiscal varios capítulos controvertidos para pavimentar el camino en el Congreso y está dispuesto a intercambiar recursos por votos con los gobernadores. Una actitud diametralmente opuesta a la intransigencia inicial. “Si Javier quisiera ser puro estaría en la televisión, no en la Casa Rosada. Él tiene que jugar desde adentro del sistema y no puede cambiar las reglas de un día para el otro”, dijo un colaborador del Presidente.
Varios escalones más abajo de Milei, los libertarios se vienen trenzando en peleas por el bronce. Los últimos capítulos de la interna oficialista en Diputados entre Oscar Zago y Martín Menem y la pulseada en espejo en la Legislatura porteña -que podría hacer que Ramiro Marra vuelva a presidir el bloque a un mes y medio de ser desbancado- mostraron escenas de casta típicas. “Somos ‘La Locura Avanza’”, bromeó un referente del espacio.
En Balcarce 50 están irritados por esos episodios y tratan de minimizarlos. “Preferiríamos que esas cosas no ocurran. Las peleas por los lugares no representan a este espacio”, dijeron muy cerca del Presidente. Algunos recuerdan que cuando el proyecto de Milei estaba en formación, el gurú Santiago Caputo planteó como máxima evitar las rencillas internas. Un libertario sin vicios diría: “No somos Juntos por el Cargo”.
Más allá de las proclamas, en la vida real los cargos sí importan. Hay quienes cuentan que tras las PASO ya se escuchaba al juez federal Ariel Lijo hablar de que iba a pegar el salto a la Corte Suprema y al abogado Santiago Viola decir que su destino era la Auditoría General de la Nación (AGN), casilleros que tenían reservados si Milei era presidente.
Volviendo a las peleas de palacio, lo que siempre enciende la chispa entre los libertarios son las actitudes desafiantes hacia Karina Milei, que es la jefa política del espacio. No debajo, sino al mismo nivel que el Presidente. El que le toca la puerta a Javier para patalear, pierde. En el medio, proliferan viejos trucos para ordenar el espacio, como la entrega de delegaciones de la Anses o la entronización en comisiones del Congreso a cambio de alineamientos políticos.
Quien llamativamente oficia de excepción a la regla de los hermanos es Eduardo Serenellini. El secretario de Prensa del Gobierno viene sorteando los intentos de Karina por limar su poder y sigue mostrando un perfil alto en la agenda oficial a pesar de que fue marginado de las reuniones de gabinete. Tan curiosa es su situación que hace diez días lo habían degradado de rango y ayer volvió a tener estatus de ministro. Es decir que sostendrá su sueldo y otros beneficios, como el chofer. Su situación es peculiar si se tiene en cuenta que Milei siempre quiso un gabinete tamaño pocket para exhibir un Estado austero.
En el Poder Ejecutivo hay una situación cada vez más compleja porque las señales de sobriedad de Milei comienzan a chocar con problemas prácticos. Hay varios ejemplos. El Presidente ya no podrá viajar en vuelos comerciales y saludar a los pasajeros a bordo por una cuestión de seguridad nacional. Y la decisión de sacar las horas extra está llevando a complementar los sueldos con “unidades retributivas” discrecionales para que los empleados públicos lleguen a fin de mes.
Tampoco falta mucho para que los altos funcionarios cobren un sueldo más bajo que sus asesores. De hecho, este mes hubo ministros que percibieron de bolsillo $1,2 millones porque tuvieron que reembolsar el aumento que habían recibido en febrero. “Así van a quedar los ladrones o los incapaces”, se le escuchó decir a una figura importante del Gobierno.
Con la cuestión salarial, la Casa Rosada se metió en un callejón sin salida por la cruzada de Milei contra los senadores por el aumento de sus dietas. De hecho, que en la Cámara alta, los legisladores se duplicaran el sueldo a mano alzada le permitió a la Casa Rosada correr los reflectores hacia el Congreso. Justo cuando el Gobierno venía desenfocado con su habitual libreto antisistema. Difícilmente el Presidente pueda bajarse de esa batalla.
Muy cerca del primer mandatario aseguran que no están preocupados por la cuestión simbólica. Creen que Milei conserva su aura y no se contamina con las diligencias que hacen otros para ordenar la cuestión partidaria, contener a los popes sindicales o persuadir a los caciques provinciales. Confían en que la magia ante la opinión pública está intacta, porque el público general no percibe incoherencias. La imagen presidencial, dicen, sigue rozando los 60 puntos.
Algunos sondeos de opinión, no obstante, comenzaron a detectar que, pese al apoyo general, hay medidas puntuales que empiezan a ser cuestionadas por la gente. La consultora AdHoc detectó que, este jueves, seis de cada diez menciones a Milei en redes sociales fueron negativas. “Los aumentos de sueldo y el conflicto con la UBA estimulan la negatividad en la reputación digital del Presidente”, advierte el informe. El principal concepto asociado a Milei fue “casta”. Impensado.
Un importante colaborador de la Casa Rosada reflexionó: “Si se perciben incoherencias de forma extendida en el tiempo puede hacer mella en la construcción de imagen de Milei. Pero hoy no está pasando eso”. Y reconoció: “Nos preocupa más el impacto en los bolsillos que la cuestión discursiva”.