El costo de la Policía porteña: los argumentos de Ciudad y Nación para dar pelea en la CortePolítica 

El costo de la Policía porteña: los argumentos de Ciudad y Nación para dar pelea en la Corte

La puja por la coparticipación federal entre el Gobierno nacional y la Ciudad gira en torno a miles de millones de pesos. La administración de Alberto Fernández, que por decreto decidió recortar en un 1,18 el porcentaje que le transfiere de forma automática y envió un proyecto que prevé un recorte todavía más amplio, considera que entre 2016 y los ocho meses de este 2020 giró más de $ 100 mil millones de más por el traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño. Pero la gestión de Horacio Rodríguez Larreta asegura que no recibió “ni un peso de más”.

Ambos presentan números que les darían la razón. La diferencia surge de la interpretación del gasto que implica el traspaso del servicio de seguridad. Para Nación se trata sólo del mantenimiento de los recursos humanos y en un porcentaje menor de la amortización de los bienes transferidos, mientras que la Ciudad insiste en que hay que evaluar todo el servicio de seguridad completo. La Corte Suprema de Justicia deberá definir.

La brecha se origina en lo que sucedió en 2016, durante el año de “transición” que se estipuló en el acuerdo que suscribieron Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño. La gestión de Alberto F. sostiene, como contó Clarín días atrás, que el gasto neto para el funcionamiento de la fuerza en 2016 ascendió a $ 6.826 millones.

El documento “técnico” por la coparticipación que recibió Fernández.

Los números, que constan en el informe que realizó el equipo del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, surgen de lo informado por la propia Policía Federal -en ese momento bajo la órbita de la ministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich– que en esa etapa se encargó de efectuar la liquidación de haberes, gastos de comida y recargo de servicio del personal transferido a la Ciudad, y se lo comunicó a las autoridades porteñas, que ya contaban con el aumento de coparticipación dispuesto por Macri -que ese año trepó de 1,4 a 3,75%-, para que transfirieran los fondos a la Secretaría de Hacienda de la Nación, para su respectivo pago.

Para las actuales autoridades porteñas, sin embargo, el servicio de seguridad no puede considerarse sólo a partir del pago de salarios del personal transferido, sino del funcionamiento integral de la fuerza. Como comprobante de que no se recibió “ni un solo peso de más”, la Ciudad presentó ante la Corte Suprema de Justicia, la rendición de gastos por la categoría “seguridad interior” que hizo el subsecretario de Finanzas Abel Fernández Semhan durante los últimos cuatro años en la Comisión Federal de Impuestos.

De los documentos, a los que accedió Clarín, surge que en 2016 la Ciudad tuvo gastos por $ 22.141 millones de pesos para dar el servicio de seguridad. Es decir, más del triple de lo que considera el Gobierno nacional que debería haber gastado. Y unos $ 4.756 millones más que el excedente de coparticipación -ese 2,35%- que comenzó a recibir a partir del traspaso de la fuerza. El desfasaje, apuntan desde Uspallata, tiene que ver con la inversión adicional que implica la puesta en marcha y la consolidación de la Policía de la Ciudad.

La presentación que hizo la Ciudad ante el CFI por los gastos de seguridad de 2016, el año donde se origina el desfasaje por la coparticipación.

En el Gobierno nacional, por el contrario, consideran que en 2016 las autoridades porteñas aprovecharon para incrementar el gasto en seguridad para que sea el Estado nacional el que financie esa inversión. “En 2016 se denota una política expansiva del gasto en seguridad, dado que el monto ejecutado es superior a los $ 4.041 millones del año 2015 (expresados a valor del 2016) más los gastos transferidos ($ 6.826 millones)”, expone el informe técnico que emitió la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. Por lo bajo, el razonamiento de los funcionarios es mucho más duro: “Si querés tener la Policía de Nueva York, pagala con tus recursos, no infles los nuestros”, interpelan.

Esta diferencia de criterio inicial es la clave del conflicto. Mientras el Gobierno insiste en tener en cuenta esos números y desmenuzar los salarios de los efectivos para calcular -con un coeficiente de indexación- la cifra que debe transferir cada año, la Ciudad sostiene que el servicio de seguridad no se limita al pago de salarios y que, cuando la Constitución prevé que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos”, no limita esa obligación a los salarios de los efectivos.

Para la Casa Rosada, en tanto, hay que sumar otro aspecto a la discusión: mientras el gasto estimativo por el servicio de seguridad es fijo y debe actualizarse por inflación (proponen un coeficiente que tenga en cuenta en un 80 por ciento la suba del sueldo de un sargento de la PFA y en un 20% el índice de precios de la CABA), los fondos de coparticipación a la Ciudad crecieron no sólo por el 3,5% en el que se terminó fijando en 2018, luego del Consenso Fiscal firmado por las provincias, sino también porque se produjo un aumento de la masa coparticipable. De ahí que entre excedente y los cuestionamientos al costo para el funcionamiento de la fuerza, Nación sostenga que la Ciudad recibió más de 100 mil millones de pesos de más (86.269 hasta 2019 y el resto por los ocho primeros meses de 2020) y busque fijar en 24 mil millones de pesos la partida por seguridad a la Ciudad, lo que en porcentaje de coparticipación a 2019 equivale a un 0,58% adicional al original 1,4%.

El documento “técnico” por la coparticipación que recibió Fernández.

Según las presentaciones que hizo la gestión de Larreta ante el CFI, como contó Perfil días atrás, en 2017 lo destinado a seguridad interior ascendió a $ 29.432 millones. En 2018, el salto fue menor en porcentaje, a $ 36.201 millones, pero en 2019 trepó más del 40%: $ 52.364 millones. En todos los casos, la cifra por año y global (unos $ 140.138 millones) supera los montos adicionales recibidos por la Ciudad por el aumento de la coparticipación. “Toda la información está ante la Corte”, precisaron fuentes porteñas, que confían en que el tribunal les dará la razón. 

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