martes, 9 junio, 2026
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Suspenden la prórroga en la causa del Acueducto Gran Tulum por un problema de notificaciones

La audiencia prevista para extender por 90 días la investigación preliminar no pudo concretarse. La jueza dispuso un cuarto intermedio al advertir que parte de los involucrados no había sido debidamente notificada.

La investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades en torno a la ejecución del Acueducto Gran Tulum sufrió este martes una inesperada pausa. Cuando todo estaba previsto para que la Justicia analizara el pedido de una prórroga excepcional de 90 días para continuar con la pesquisa, la audiencia quedó suspendida por una cuestión procesal vinculada a las notificaciones.

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías interviniente, Irene Mabel Moya, quien resolvió dictar un cuarto intermedio al considerar que parte de las personas potencialmente alcanzadas por la investigación no habían sido notificadas correctamente.

La medida implicó un freno temporal a una causa que ya lleva seis meses de trámite y que analiza presuntas maniobras ilícitas vinculadas a una de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas en la provincia durante la gestión anterior.

El pedido de extensión había sido formulado por el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, quien busca contar con más tiempo para avanzar sobre una importante cantidad de documentación incorporada al expediente, entre ella informes técnicos y ampliaciones de denuncia presentadas por el dirigente del GEN, Marcelo Arancibia.

La controversia se produjo cuando se presentó el abogado Nasser Uzair, en representación de ex autoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), vinculadas a la administración provincial anterior. Ante esa situación, la magistrada entendió que correspondía garantizar la debida notificación antes de avanzar con la audiencia.

Sin embargo, la postura no fue compartida por la fiscalía. Desde el Ministerio Público sostienen que todavía no existen personas imputadas ni hechos delictivos formalmente determinados, por lo que consideran que la audiencia para solicitar la prórroga debía desarrollarse únicamente con intervención fiscal.

Tras la suspensión, Gómez expresó su desacuerdo con la interpretación judicial y señaló que el Código Procesal prevé para estos casos una audiencia unilateral. No obstante, aclaró que respetará la resolución y aguardará una nueva convocatoria.

La investigación se encuentra actualmente en una etapa preliminar. Los fiscales intentan determinar si existieron conductas que puedan encuadrarse en delitos contra la administración pública relacionados con la contratación y ejecución de la obra. Entre las figuras mencionadas en la denuncia original aparecen presuntas maniobras de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, cohecho e incluso una eventual asociación ilícita administrativa.

Por ahora, la fiscalía asegura que todavía se encuentra reuniendo elementos para establecer si efectivamente existió un hecho ilícito y quiénes podrían haber participado en él.

La causa adquirió además una relevancia institucional adicional cuando el Gobierno provincial decidió constituirse como querellante. La decisión estuvo vinculada a la posibilidad de que la Provincia hubiera sufrido un perjuicio económico derivado de las presuntas irregularidades denunciadas.

El expediente también mantiene bajo análisis aspectos técnicos relacionados con la ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra que continúa sin finalizar y cuya financiación estuvo vinculada a un préstamo internacional otorgado por el Estado de Kuwait. La obra arrastra una deuda superior a los 100 millones de dólares que la Provincia comenzó recientemente a cancelar, un aspecto que incrementó el interés público sobre la investigación.

Ahora será la Oficina Judicial la encargada de realizar las notificaciones correspondientes y fijar una nueva fecha para la audiencia. Recién entonces la Justicia resolverá si concede los 90 días adicionales solicitados por la fiscalía para profundizar una investigación que, lejos de acercarse a una definición, parece ingresar en una etapa de mayor complejidad.

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