La iniciativa busca que el crecimiento de la actividad minera tenga impacto directo en el empleo y las empresas locales, con metas progresivas y control público.
El Gobierno de San Juan formalizó este martes el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero. La iniciativa apunta a garantizar que el crecimiento esperado de la actividad minera tenga un impacto directo en el empleo y en las empresas de la provincia.
La propuesta, impulsada por la gestión de Marcelo Orrego, llega en un momento clave para el sector. Según datos oficiales, existen compromisos de inversión por más de 31.200 millones de dólares vinculados a cinco proyectos mineros que avanzan bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), además de la presencia en territorio sanjuanino de cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial identificados en el país.
Desde el Ejecutivo destacaron que la norma no busca establecer cupos obligatorios ni restricciones a la libre competencia, sino exigir a las empresas mineras y a sus principales contratistas la elaboración de planes de desarrollo con objetivos progresivos, medibles y sujetos a control público.
“El impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo”, sostuvo el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, al presentar la iniciativa.
Empleo, proveedores y desarrollo territorial
El proyecto se apoya en tres ejes centrales. El primero apunta al empleo local, con la meta de que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes en San Juan, otorgando prioridad a los departamentos donde se desarrollan los proyectos.
El segundo eje está orientado a los proveedores locales. En ese sentido, la iniciativa fija como objetivo que el 60% del monto anual destinado a compras de bienes, obras y servicios corresponda a empresas sanjuaninas, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.
El tercer componente busca articular las acciones de responsabilidad social y desarrollo comunitario de las compañías con los planes estratégicos de los municipios, con la intención de coordinar inversiones en infraestructura, salud y educación.
Además, las empresas deberán anticipar sus necesidades de contratación y compras mediante cronogramas públicos. La intención oficial es que los proveedores locales puedan conocer con tiempo la demanda prevista y prepararse para competir en futuras licitaciones.
Registro, incentivos y sanciones
Entre los puntos más destacados figura la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base pública y digital donde deberán inscribirse las firmas que aspiren a ser consideradas dentro de las metas de compras locales.
Para acceder a esa condición, las empresas deberán acreditar domicilio operativo en la provincia, tributación local y una plantilla compuesta en al menos un 80% por trabajadores sanjuaninos.
La ley también prevé incentivos. Las operadoras que logren simultáneamente el objetivo del 80% de empleo local y del 60% de compras provinciales podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.
Por otra parte, se establecen mecanismos de fiscalización y sanciones para los casos de incumplimiento injustificado, que podrán derivar en multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, que trabajará junto a una Unidad Técnica Interministerial y un Consejo Consultivo integrado por representantes del sector público y privado.
Los cuestionamientos que surgieron desde Iglesia
La presentación formal del proyecto se produce luego de que, durante las últimas semanas, surgieran cuestionamientos desde cámaras empresarias vinculadas a departamentos mineros.
Uno de los planteos más visibles llegó desde Iglesia. El presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (AITURIC), Alberto Grau, advirtió que la definición de proveedor «local» incluida en el borrador de la ley podría terminar perjudicando a las comunidades donde se desarrollan los proyectos extractivos.
Según expresó, considerar como local a toda la provincia colocaría en igualdad de condiciones a empresas radicadas en distintos puntos de San Juan con aquellas instaladas en los departamentos que conviven directamente con la actividad minera.
Grau sostuvo que la prioridad debería recaer primero sobre los territorios de influencia directa de los proyectos, al entender que son los que reciben los principales impactos económicos, sociales y ambientales.
El dirigente afirmó que esta preocupación fue transmitida durante las instancias de consulta impulsadas por el Gobierno y que también fue elevada al diputado departamental Jorge Deguer para su consideración durante el debate legislativo.